El periodista Octavio Enríquez salió de Nicaragua tras vivir el asedio y hostigamiento de la Policía del régimen en su vivienda y ser citado en dos ocasiones al Ministerio Público en calidad de «entrevistado» en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por supuesto lavado de dinero, bienes y activos.
En un artículo de opinión publicado en Confidencial, medio para el que labora, explica las razones de su decisión y relata que, el seis de agosto, después de enviar una consulta para una investigación periodística a la Presidencia recibió una nueva citatoria del Ministerio Público y la «visita inesperada de civiles», que se identificaron como policías, en su casa.
«Cuatro camisas y dos pantalones. Eso fue todo lo que metí en mi equipaje cuando decidí salir de Nicaragua, después de haber meditado que, si quería seguir publicando investigaciones periodísticas sobre el régimen de Daniel Ortega, me esperaba la cárcel o un prudente silencio como lo habían advertido desde el oficialismo. También llevaba una “mochila” con un bagaje de veinte años de oficio ante el asedio al periodismo, forjado en redacciones entrañables donde cuento con decenas de amigos», relató.
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Enríquez se presentó a la Fiscalía el pasado tres de junio para responder las inquietudes de las autoridades y dijo que la intención del régimen al citarlos es estigmatizar a la prensa independiente, un «desfile para amedrentarnos. Pues tengo una mala noticia: No lo van a lograr». Decenas de periodistas independientes han sido emplazados por el Ministerio Público como parte de la investigación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, directora de la extinta FVBCH.
«Con tres leyes aprobadas a finales del año pasado, que criminalizan el ejercicio del periodismo y que los fiscales usan para amedrentar durante los interrogatorios—la favorita de ellas es la que castiga las “noticias falsas” o de ciberdelitos—, los colegas en el gremio nacional han optado por dejar de firmar sus notas para resguardar su seguridad. Es un hecho que puede ser visto en todos los medios del país. Oficialmente se informa desde la clandestinidad, tal como ocurría en los viejos atrios de las iglesias con el llamado periodismo de catacumbas en la época del somocismo», señala Enríquez.
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Enríquez asegura que en libertad seguirá informando sobre Nicaragua «desde donde me encuentre» y agradeció a las fuentes que «nos ayudan a investigar en este sistema político» y les pidió que compartiendo información relevante para contar a la ciudadanía lo que pasa de manera oportuna para que puedan tomar decisiones informadas.
Desde abril del 2018, el régimen ha gestado una brutal embestida contra la prensa independiente en el país, confiscó medios de comunicación nacionales y locales; arrebató la frecuencia de 100% Noticias; encarceló periodistas; un periodista murió en la cobertura de las protestas sociales en Bluefields; obligó el cierre de El Nuevo Diario, Metro y QHubo; mantiene un embargo aduanero de la materia prima de La Prensa; ha citado a decenas de periodistas en la investigación por supuesto lavado de dinero, bienes y activos y más de un centenar de comunicadores han salido del país por temor a represalias y para proteger su integridad física y libertad.
