La oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH), representada por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, condena y rechaza los reiterados ataques a la libertad de expresión en Nicaragua. El comunicado de OACNUDH también fue refrendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión.
En el comunicado manifiestan que «en los últimos dos meses se ha intensificado la represión en el país. La CIDH y la OACNUDH han documentado que por lo menos 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones del país, se han visto obligados a salir al exilio por temor a represalias en su contra».
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En el documento resaltan cronológicamente las violaciones a la libertad de prensa ejercidas por el régimen Ortega-Murillo, desde el 20 de mayo, cuando se iniciaron las investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la cual había cesado de operar en febrero 2021 debido a los requisitos impuestos por la Ley de Agentes Extranjeros. Esta medida también fue aplicada a la organización de escritores y escritoras PEN International con su filial en Nicaragua.
«Asimismo, el Ministerio Público ha citado a declarar a más de 25 periodistas, trabajadoras y trabajadores de medios que colaboraron o participaron en actividades de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro». Destacan que a varios de los periodistas que fueron llamados a declarar fueron amenazados con la Ley Especial de Ciberdelitos conocida como «Ley morzada», además de haber sido objeto de actos de intimidación en las inmediaciones del Ministerio Público.
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Denuncian la reciente «intimidación» al diario La Prensa debido al bloqueo y allanamiento a las instalaciones del medio escrito que dejó de circular en el país el 12 de agosto, al siguiente día detuvieron a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en el marco de una investigación por presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. El medio también denunció la incomunicación de los trabajadores durante el allanamiento y la suspensión temporal del servidor interno de La Prensa, que habría impedido la publicación en su página web.
«El hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución oficial a la prensa, las detenciones y los procesos legales arbitrarios contra medios, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa son incompatibles con la protección de la libertad de expresión y generan un clima generalizado de miedo y autocensura», afirman las organizaciones de derechos humanos.
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Continúan expresando que estas acciones se vuelven más graves en un periodo de elecciones en el país, afirmando que «en el marco de un proceso electoral resultan además especialmente graves, e incompatibles con la democracia y con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos».
Reiteran al gobierno de Daniel Ortega que cese toda conducta que afecte los derechos de periodistas y medios de información, a que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a que restablezca el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, en particular todas las garantías para que los medios de comunicación continúen informando libres de interferencias indebidas.
