Corte Penal Internacional llama a investigar al régimen de Venezuela por crímenes de lesa humanidad

El régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela, esa fue la conclusión a la que llegó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Añadió que tales delitos deben ser investigados.

El informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares de la CPI indicó que «las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017, donde hubo encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional», según el documento que Fatou Bensouda fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor Karim Khan.

El exfiscal Bensouda desarrolló dicho informe en febrero de 2018 debido a las denuncias que la CPI recibió respecto a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro en protestas y las cárceles. En las acusaciones se resalta el uso excesivo de la fuerza para «dispersar y reprimir manifestantes» y los «graves abusos» sobre los detenidos que se manifestaban en contra del gobierno chavista.

La fiscal alegó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes «serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) – (d) del Estatuto de Roma», en base a la legislación de la CPI.

EL informe, que fue publicado el10 de agosto, detalla que «luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela».

Entre los delitos que le achacan, según el «derecho internacional de acuerdo con el artículo 7(1)(e); están la tortura, de acuerdo con el artículo 7(1)(f); violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, de acuerdo con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma».

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Los autores de la represión y de los crímenes en Venezuela, según la fiscal de la CPI, son la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La fiscal agregó que los «individuos progubernamentales también participaron en la represión de opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento».

Por otra parte, la Fiscalía aseguró que los casos sobre la situación de Venezuela serán admisibles ante la CPI «en términos de inacción»,  debido a la falta de voluntad del gobierno en turno en este territorio para brindarle un seguimiento a las denuncias. Por consiguiente, la CPI cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos para que la Corte prosiga con las investigaciones, respecto a si un país no juzga o no puede juzgar los hechos ante un tribunal.

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«Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal», resalta el informe Actividades de Exámenes Preliminares de la CPI.