El dos de mayo de 2021, Jhovanny Tenorio Rizo fue secuestrado por cuatro hombres armados y vestidos de civil, que se identificaron como policías, y que se lo llevaron por la fuerza, en una camioneta particular. El secuestro se ejecutó en la finca La Aurora, ubicada en Matagalpa, al norte del país, donde Tenorio laboraba como guarda de seguridad.
«El pasado 15 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor y señaló la existencia de una situación de grave riesgo para los derechos a la vida e integridad personal de Tenorio Rizo, debido a que no se conoce su paradero o destino, ni las condiciones en las que podría encontrarse», denunció el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al cumplirse los 100 días de la desaparición.
«El señor Tenorio Urbina se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jhovanny Alexander Tenorio Urbina. En particular, informe si el beneficiario se encuentra bajo custodia del Estado y, en su caso, las circunstancias de su privación de libertad, o bien, adoptar las medidas encaminadas a determinar su paradero o destino», se lee en la resolución 48-2021, medida cautelar número 479-21 de la CIDH.
Desde esa fecha, el joven Tenorio Rizo está desaparecido. Sus familiares acudieron a las delegaciones policiales de Matagalpa y de Jinotega y en ninguna de estas dependencias de las fuerzas de seguridad del Estado les dieron razón de su paradero.
Según sus familiares, más bien recibieron mensajes amenazantes por parte de policías y emisarios del Estado, para que desistan de buscar al joven secuestrado. La CIDH recoge que como parte de las labores de búsqueda, la madre del desaparecido interpuso denuncia ante la Policía de Matagalpa, pero ni siquiera le entregaron copia del trámite. El organismo más bien agrega que la madre de Tenorio Rizo habría cuestionado a los oficiales que la atendieron, y más bien le habrían dicho que «la Policía no podía controlar a personas que andan armadas en el campo», resalta la CIDH en la resolución.
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En su resolución, la CIDH informa que ha solicitado la versión del Estado de Nicaragua para incluirla en la resolución, pero la dictadura de Daniel Ortega ha guardado silencio. «La Comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25.5 de su Reglamento».
Venganza política contra su hermana, la activista Claudia Tenorio
En el documento, la CIDH agrega que la información aportada por la familia solicitante de la medida cautelar, da cuentas de que «la hermana del propuesto beneficiario, Claudia Tenorio, es una activista defensora de derechos humanos, quien ha participado desde hace más de 20 años en distintas movilizaciones, marchas y plantones contra las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. A partir de las protestas de abril de 2018, se involucró en múltiples movilizaciones y manifestaciones en Matagalpa, lo cual resultó en que tanto ella como sus familiares empezaran a recibir amenazas, y a sufrir acciones de hostigamiento y vigilancia supuestamente por parte de agentes policiales y parapoliciales. El propuesto beneficiario acompañó a su hermana en al menos tres marchas realizadas en Matagalpa. Producto de la participación de la señora Tenorio en las protestas, se giró una orden de captura en su contra el 26 de junio de 2018, por lo que se tuvo que desplazar forzosamente a Costa Rica, solicitando refugio el 24 de julio del mismo año».
En la alerta difundida al cumplirse los 100 días de la desaparición, el Colectivo Nicaragua Nunca Más llamó a la Policía de Ortega a informar sobre el paradero de Tenorio Rizo y denunció que «las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad».
El Colectivo Nicaragua Nunca Más fue constituido en Costa Rica por defensores nicaragüenses exiliados en San José durante los meses posteriores a la rebelión de abril de 2018.
