La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño, son los dos funcionarios de alto nivel de la dictadura Ortega-Murillo que por primera vez reciben sanciones internacionales y fue la Unión Europea quien se las aplicó como parte de un paquete de ocho operadores políticos orteguistas a los que sancionó por ser sujetos claves en la violación de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.
Ni Estados Unidos ni Canadá, los otros gobiernos que también han aplicado sanciones contra los funcionarios del régimen de Managua habían aplicado medidas contra Ramos y Arce. Dos piezas claves en el andamiaje represivo del sandinismo.
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Arce Castaño es uno de los nueve comandantes de la Revolución y de la llamada Dirección Nacional que gobernó Nicaragua en los años 80, luego de dirigir el derrocamiento, por la vía armada, del dictador Anastasio Somoza. Ahora convertido en empresario, desde el regreso al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el 2007, Arce fue nombrado por su amigo Daniel Ortega como asesor presidencial para los temas económicos, puesto que ha conservado hasta la actualidad.
Desde el 2007 hasta el 2018, justo antes de empezar la rebelión popular que fue brutalmente reprimida por la Policía y paramilitares que siguieron ordenes de Ortega y Rosario Murillo, Arce era en principal enlace entre el Gobierno y la empresa privada siguiendo la política que bautizaron como el «Modelo de Diálogo y Consenso».
Ahora, el asesor presidencial es objeto de medidas que le impone la UE, lo que implica que, de tener cuentas en bancos de los países que integran esa comunidad de naciones deberán ser congeladas, también le echan mano a los bienes que pueda tener en cualquiera de los 27 estados de la UE y y finalmente, si Arce deseaba viajar a esa parte del mundo, ya no podrá hacerlo porque no tiene permiso ni siquiera para transitar por ellos.
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En tanto, Alba Luz Ramos, una de las funcionarias más leales al dictador Daniel Ortega también amaneció este lunes estrenando la sanción aplicada por los 27 países europeos. La nueva sancionada preside el máximo tribunal de justicia de Nicaragua desde hace 19 años y es magistrada sandinista en ese poder del Estado desde hace 33.
El Poder Judicial, bajo el mando de Ramos, ha sido una pieza clave en toda la represión ejecutada por la dictadura contra los opositores y el pueblo en general. En el 2018, siendo ella la máxima juez del país, emitió opiniones adelantadas sobre los juicios contra los manifestantes que estaban siendo juzgados por su participación en las protestas y hasta se jactó del trabajo que hacían sus jueces condenando a altísimas penas de cárcel a los protestantes.
«Cometieron incendios, asesinatos con armas industriales y hechizas, utilizaron explosivos en contra de personas, bienes públicos y medios de transporte; vimos como quemaron y secuestraron personas», dijo en el 2018 la magistrada a un medio de comunicación ruso, en claro acto de prevaricato e implicándose en los juicios inventados que se desarrollaban contra los opositores.
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Luego dijo a medios de comunicación que se sentía satisfecha con las condenas a los manifestantes. «Cerramos el 2018 con la satisfacción del deber cumplido. Ha sido un año lleno de desafíos, producto de los sucesos violentos que tuvieron lugar en nuestro país entre abril y julio de este año, que causaron daños en el plano individual, social y económico; provocando muertes, trastocando la vida de todos y todas; socavando la seguridad y la libertad de las personas y destruyendo la propiedad pública y privada».
Asimismo, en la última escalada represiva contra la oposición, en la que más de 30 dirigentes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales, empresarios y un periodista han sido llevados a la cárcel, el Tribunal de Justicia bajo el mando de Ramos, es el piso fundamental en el que se sustenta, con apariencia de legalidad, la represión de la dictadura y la pretensión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de perpetuarse en el poder.
Ahora, la veterana magistrada ya no puede viajar a Europa, tampoco tener negocios con empresas de los países que la han sancionado y, al igual que Arce Castaño y los otros cinco sancionados que anunció hoy la UE, si tenían cuentas en bancos de allá, negocios, propiedades, a partir de hoy, están congelados.
La Eurocámara también impuso sanciones contra la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo. Incluyó en la «lista negra» al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo; al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, el comisionado general de la Policía de León, Fidel Domínguez; y al Jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, comisionado Juan Valle Valle. Con este nuevo grupo de «indeseables», llegan a 14 los operadores del régimen que reciben medidas de parte de Europa.
