El proclamado candidato a la Presidencia de la República por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), Oscar Sobalvarro, ha sido señalado, desde la época del gobierno de Enrique Bolaños, como un depredador forestal de las tierras indígenas en el Caribe Norte del país, y hasta fue sancionado, al menos en tres ocasiones, por irregularidades en la explotación o exportación de madera, según consta en una investigación realizada en el 2006 por un equipo de periodistas nacionales en coordinación con el Centro para las Políticas Internacionales (CIP), con sede en Washington DC.
Sobalvarrro ha sido propietario de dos empresas dedicadas a la extracción y comercialización de recursos forestales: Maderas Preciosas de Nicaragua (Maprenic) y la planta procesadora (aserrío) denominada Santo Domingo, ubicada, en ese entonces, en el municipio de Waspán, al norte de Puerto Cabezas. Las dos empresas han sido investigadas y sancionadas. Sobre la imposición de las tres multas a la empresa maderera, propiedad de Sobalvarro, también fue confirmado a los investigadores por el entonces director del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), Indalecio Rodríguez, un veterano funcionario liberal que luego llegó a ser diputado por la misma agrupación política a la que pertenecía el actual candidato presidencial de CxL.
El aspirante presidencial actualmente se dedica, según el mismo ha declarado, a la crianza de ganado y es presidente de Expica Permanente, feria anual de ganadería que se celebra en el país y donde convergen los mayores ganaderos de Nicaragua.
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Durante una entrevista con el programa En Contacto, de Artículo 66, el periodista y documentalista Camilo de Castro, y el activista ambiental Amaru Ruiz, director del organismo Fundación del Río, al abordar los peligros que se ciernen sobre Nicaragua en caso de no tomar en cuenta la aplicación de políticas medioambientales que aseguren el futuro de las nuevas generaciones, recordaron que el aspirante a la presidencia de ACxL ya ha sido investigado y sancionado por anomalías en el negocio de la madera, por tráfico de influencias para librarse de sanciones e incluso, fue señalado por comunitarios de Bosawás de explotar ilegalmente sus bosques, por lo tanto, ahora que aspira a la primera magistratura del país, debe aclarar cómo está la situación de esas empresas que le pertenecen y que han depredado el medio ambiente.
«Son importantes las evidencias y las memorias. Es importante para las nuevas generaciones, los que criticamos al régimen Ortega-Murillo porque está provocando un desastre ambiental, y ahora viene CxL con un candidato que procede de esa misma mafia maderera que ha deforestado nuestros territorios protegidos y los territorios indígenas. Hay que profundizar cuál es la situación actual de esta empresa maderera vinculada al señor Sobalvarrro, pero el mismo modus operandi se mantiene, sobre todo con empresarios vinculados al Frente Sandinista (de Liberación Nacional, FSLN)», llamó la atención Ruiz.
La investigación y sanciones
La investigación periodística «Emergencia en el bosque», fue realizada durante cinco meses y fue publicada en el medio de comunicación Esta Semana, que dirige Carlos Fernando Chamorro.
Camilo de Castro formó parte del equipo de investigación periodística que en el 2006 dio seguimiento a la deforestación en Bosawás y otras zonas del país. De Castro recordó que en esa época había una declaración del Estado de Emergencia Forestal, decretada por el Gobierno del entonces presidente Enrique Bolaños, ante el desastre ambiental que estaban provocando los madereros en distintas regiones del país.
El tres de mayo del 2006, en sesión plena de Consejo de ministros, el presidente Bolaños se vio obligado a emitir el decreto No. 32-2006, ordenando estado de emergencia económica, en vista de que, a pesar de las medidas adoptadas por diversas instituciones para controlar el despale y la extracción ilegal de los recursos forestales en diversas zonas del país, la depredación no cesaba.
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El decreto de emergencia económica abarcaba la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RAACN), la Región Autónoma del Caribe Sur (RAACS) y los departamentos de Nueva Segovia y Río San Juan, «por la tala, transporte, manejo, procesamiento, almacenamiento, posesión, exportación y comercialización ilegales de los recursos forestales», y debía extenderse por 80 días.
Dando cumplimiento a esa moratoria, una comisión interinstitucional realizó una inspección y evaluación en el polo de desarrollo Lakia Tara y a la comunidad de Wisconsin, en el municipio de Waspam, Río Coco, en la RAACS, donde operaba la industria Santo Domingo, propiedad de Oscar Sobalvarro, «Comandante Rubén».
Los investigadores periodísticos lograron establecer que esa comisión interinstitucional descubrió que «la empresa Santo Domingo estaba cometiendo graves irregularidades entre las que se destacan: a) no cuenta con permiso de operación emitido por el Consejo Regional Autónomo del Atlántico. b) El campamento de montaña carece de condiciones básicas sanitarias y se encuentra en mal estado. c) No da cumplimiento al Plan de manejo de desechos sólidos, líquidos y tóxicos. d) Las trozas encontradas en el patio permanente no presentan la codificación correspondiente, establecida en las disposiciones administrativas. e) Se detectaron trozas de caoba con dimensiones menores al diámetro de corta (50 cm), que no están registradas en el libro de ingreso de la industria».
Es decir, la empresa del ahora candidato presidencial no solo estaba depredando los bosques de manera ilegal sino que estaba vertiendo desechos tóxicos al medio ambiente.
El propietario del aserrío Santo domingo que además explotaba una concesión indígena de 2,000 hectáreas, rechazó los resultados del informe, y puso en dudas la calidad profesional y técnica de los funcionarios que realizaron la visita in situ. «…allí iban técnicos que no eran de la zona, agarraron a cualquier técnico», y agregó «qué sabe un soldado del Ejército de cuestiones forestales, qué sabe el Procurador del ambiente de cuestiones forestales».
Tráfico de influencias
Curiosamente, según contó el propio Sobalvarro, «fue otra comisión y lo único que pudo encontrar en ese lugar, era que se habían cortado unos 20 árboles con diámetro menor, pero ese corte no tenía nada que ver con la industria Santo Domingo, sino que eran del dueño de la parcela, dueño del bosque. Entonces, se esclareció y nos liberaron de toda responsabilidad».
Efectivamente, el entonces Director Ejecutivo del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Indalecio Rodríguez, confirmó esa segunda inspección técnica y dio por verdadero y conclusivo el segundo informe que libraba a Sobalvarro y su aserrío Santo Domingo de cualquier sospecha de haber violado la Ley Ambiental.
Idalecio Rodríguez fue compañero de armas de Sobalvarro en la Resistencia Nicaragüense durante la guerra irregular de los años 80. Esto él mismo lo confirmó pero negó que haya actuado con favoritismo en relación con su amigo.
«Yo lo conozco a él (a Sobalvarro) desde la época en que era comando de la Resistencia, cuando él se incorporó a la insurrección civil que se dio en la década de los 80…. A mí me ha tocado firmar sanciones que se le han aplicado a Sobalvarro, para que vea que a mí no me importa la amistad cuando hay que aplicar una sanción, independientemente de quién sea», dijo Rodríguez, confirmando que el excomandante «Rubén» sí había violado la Ley ambiental y en consecuencia había sido sancionado.
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«A Oscar Sobalvarro se le ha sancionado como tres veces, allí están las multas, tiene como tres multas si mal no recuerdo. Yo no lo he favorecido, ha tenido las mismas opciones que han tenido los demás, tenga usted certeza de que no lo he favorecido en nada, absolutamente en nada. A él, incluso, se le ha subastado madera, allí están los expedientes”, recalcó tratando de negar favores para su compañero de lucha.
La investigación de los periodistas constató, a través de un informe del INAFOR titulado Resoluciones, «multas y decomisos de vehículos en apelación a la fecha», que a Oscar Sobalvarro, según la Resolución Administrativa No. 48-2005 del INAFOR, se le decomisaron 9.984 metros cúbicos de cedro macho, pero es el único registro que existe donde mencionan al candidato presidencial
Mientras en el Registro Nacional Forestal de la institución dirigida por Rodríguez no aparecía registrada, con permiso de operación, la industria Santo Domingo, en Waspam, municipio de la RAACN, tampoco estaba registrado un Plan General de Manejo Forestal (PGMF), que manda la Ley 462 y que es empresa debió formular para poder explotar madera en áreas mayores a las 500 hectáreas. Es decir, La Santo Domingo realmente estaba operando fuera de la Ley.
Ante tal anomalía, Sobalvarro salió al paso tratando de justificar que «nosotros estamos con una operación en el área de Wisconsin bajo una concesión que tenemos de 12,000 hectáreas, con una comunidad de excombatientes de Yátama que nos dieron la concesión…. Yo soy ex combatiente de la Resistencia y nadie quería entrar a esa zona para invertir en madera, y siendo ellos combatientes de Yátama, existía una relación de amistad y fuimos los únicos que decidimos ir a hacer una inversión allí… Lo hemos hecho todo bajo la ley, cumpliendo con todos los requisitos de ley».
Pero lejos de estar beneficiando a los habitantes de la zona indígena, las empresas del excomandante de la Contra fueron repudiadas y criticadas por las autoridades locales.
«Si hablamos de la empresa Santo Domingo, ya tiene años de estar operando, de llevarse la madera, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Desde el gobierno anterior (del Presidente Alemán, 1997-2001) está instalado este señor (Oscar Sobalvarro). Cuando yo entré (a la Alcaldía), analicé, vi el lugar, miré cómo está destruyendo todo, y no hay ningún beneficio para el pueblo, el pueblo no tiene nada», señaló el entonces alcalde del municipio de Waspam.
Sin embargo, Oscar Sobalvarro aseguró a los periodistas que realizaban la investigación, que operaba legal desde hacía 12 años como maderero, primero al frente de la empresa, Nicamadera, S.A. y luego con MAPRENIC. También reconoció que realizaba operaciones de extracción y procesamiento de madera en el sector de Wisconsin, con la concesión indígena de las 12,000 hectáreas que ya se sabía, no tenían permiso de explotación. asimismo, aceptó que tiene operaciones simultáneas en el Atlántico Sur, con un aserradero en El Rama y con bosques en el sector de la Cruz de Río Grande, ya en Matagalpa.
La investigación estableció que, MAPRENIC u Oscar Sobalvarro habrían gestionado y obtenido más de 40 permisos para exportación de madera preciosa, en el periodo 2004-2006, durante el cual comercializó un total de 1,321.6 metros cúbicos de Caoba. Entonces, el vicepresidente de CxL era ya considerado como «exportador grande», entre los 20 más fuertes del país, enviando al mercado internacional hasta 1.9 millones de kilos de madera con valores declarados de US$ 2.9 millones de dólares.
Mientras Solbalvarro ganaba millones extrayendo y exportando madera de las tierras indígenas, los comunitarios se quejaban del desastre ambiental.
Ernesto Moreno, comunitario de la zona indígena donde operaban las empresas del exjefe contra dijo que «esos (La empresa Santo Domingo) nos han provocado más daños que la misma Maderas Girón (otra empresa maderera), porque se establecieron en Wiskonsin y están comprando madera ilegal y se han metido de forma abusiva ahí. La compran y la sacan de noche».
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En tanto, Charles Domingo, del consejo de ancianos de Wiskonsin expresó que «el problema, es que ellos (Aserrío Santo Domingo) cortaron en la reserva de Wisconsin, porque ellos no cortaron dentro de su plan de manejo».
Por su parte el que entonces ocupaba el cargo de Secretario Ambiental de la RAACS Melvin Miranda aseguró que «La Santo Domingo es un caso aparte, no tenemos conocimiento que hayan entrado con ningún permiso de parte del Consejo Regional, trabajaron cuatro años de manera ilegal».
No obstante todos esos señalamientos, finalmente Sobalvarro resultó electo diputado nacional suplente por la Alianza Liberal Nacionalista (ALN), que encabezó Eduardo Montealegre. Su amigo, el Director Ejecutivo de INAFOR había dicho que Sobalvarro debió renunciar a la actividad forestal, cuando ya era diputado suplente. Indalecio Rodríguez también se convirtió en ese periodo en diputado por el mismo partido. Dice el exdirector de Inafor que fue por pura coincidencia que estaban en el mismo partido.
El periodista De Castro dijo a Artículo 66 que el actual candidato a la presidencia por la ACxL no es el único que ha operado u opera de esta manera ilegal sino que, es un comportamiento bastante común. «Hay empresas vinculadas al Frente Sandinista que operan de la misma manera», dijo.
Agregó que no tiene información sobre las operaciones actuales de MAPRENIC, pero, aseguró que el modus operandi no ha cambiado, en cuanto a empresas que están operando y escudándose en relaciones con personas vinculadas a las instituciones y al partido de Gobierno.
«Los candidatos presidenciales, incluyendo a Sobalvarro, deben ser transparentes y decirnos en qué actividades está vinculados. Habría que ver si Sobalvarro sigue operando en esa zona», finalizó el documentalista.
El dia de hoy aparecen casos y cosas ocultas del día de hayer,
mañana saldrás casos y cosas ocultas del día de hoy.
Al fin que no hay quien no tenga cola que le arrastre, todo gira base a corrupción, no hay líder limpio, si aparece limpio en el camino se ensucia. { Frases paradójicas.}
Esté se comió se enriquecio las zonas protegidas, a su gusto y antojo cómo será cuando es un echó le den una tajada del pastel va Dejar Nicaragua en un desierto