La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 54/2021 con la cual otorgó medidas cautelares a favor de la exrea política Karla Patricia Ñamendi Mendoza y su núcleo familiar, «tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua», señaló la organización.
La entidad internacional de Derechos Humanos detalló que la beneficiada realizó esta solicitud porque «estaría siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de autoridades estatales y paraestatales a raíz de su labor de oposición al actual gobierno, al menos desde el 2018, habiéndose agravado desde marzo de 2021».
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La cofrade del tradicional Torovenado del Pueblo de Masaya, Ñamendi Mendoza, dijo a Artículo 66 que el 24 de junio de 2021 fue víctima de agresión física por «una fanática del Frente Sandinista». Cabe señalar que la opositora aún se encuentra en recuperación debido a las agresiones; a su vez, el aparato represivo de Ortega-Murillo en el municipio de Masaya la sigue hostigando y amenazando, por tales razones Ñamendi solicitó las medidas cautelares para ella y su familia, «porque yo siento que estoy bajo amenaza permanente, ya que la Policía constantemente me vive asediando», agregó la monimboseña.
Las personas beneficiadas son: Karla Patricia Ñamendi Mendoza, Esperanza del Carmen Mendoza Amador, Raquel de los Ángeles Ñamendi Mendoza, C.A.G.Ñ. y A.A.G.Ñ.
La CIDH lamentó «la falta de respuesta del Estado, destacando que, si bien lo anterior no resulta suficiente per se para justificar el otorgamiento de una medida cautelar, sí impide que se cuente con observaciones del Estado de Nicaragua y por ende analizar si los alegatos de las personas solicitantes resultan ser desvirtuados o no, así como conocer las acciones que, en su caso, se estarían implementando a fin de atender la situación de riesgo alegada».
De igual manera, la Comisión resalta que el Estado de Nicaragua bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo está obligado a cumplir con las medidas otorgadas a las familias nicaragüenses, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento.
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Karla Ñamendi, miembro de la Organización Víctimas de Abril (OVA), sostuvo que continúa en la lucha cívica para seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos que aún permanecen en las cárceles del régimen. Igualmente, demandan justicia por los asesinados y desaparecidos, el retorno seguro de los exiliados a Nicaragua y por los periodistas, «que son nuestras voces, que nosotros los opositores nos podemos elevar».
Cabe mencionar que la artesana fue apresada en su casa el 20 de agosto de 2018 por oponerse a las arbitrariedades de la dictadura de Daniel Ortega; y fue puesta en libertad el 12 de noviembre del mismo año. Ñamendi señaló a Artículo 66 que su «libertad fue pagada» debido a que las personas que la acusaban de los delitos de «quemar casa, dirigir a los encapuchados en Masaya y portación de armas» le solicitaron dinero a sus familiares a cambio de que la opositora saliera de la cárcel.
«Como nicaragüense, como ciudadana tengo derecho a expresarme y yo tengo libertad de elegir donde quiero participar», concluyó la monimboseña, respecto a la violaciones que comete el régimen al querer limitar el de derecho a las libertades en el territorio nicaragüense.
