La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución ampliando las medidas de protección y ordenando al régimen de Managua liberar de la cárcel a la dirigente opositora y feminista Tamara Dávila, quien lleva más de un mes detenida arbitrariamente. Al mismo tiempo, la instancia internacional le recuerda al dictador Daniel Ortega que el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir, sin embargo, el régimen sigue ignorando dichas resoluciones.
La Corte IDH emitió la resolución el 19 de julio, en la que amplía medidas de protección a Daysi Tamara Dávila Rivas y su familia como parte de la protección que ya había emitido el pasado 24 de junio mediante la cual concedió las medidas provisionales solicitadas y requirió al Estado de Nicaragua para que proceda a la liberación inmediata y que se adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de los opositores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla y de sus núcleos familiares.
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Daniel Ortega ha ignorado las resoluciones anteriores de la Corte IDH, no obstante, la instancia regional le recuerda, en su más reciente resolución que «Nicaragua ratificó la Convención Americana el 25 de septiembre de 1979 y, de acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de febrero de 1991».
Asimismo, destacan que «el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en “casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes. Esta disposición está, a su vez, regulada en el artículo 27 del Reglamento de la Corte, cuyo numeral 2 señala: “[s]i se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión».
El documento oficial indica que otorgan «1) medidas urgentes de protección en favor de la señora Daisy Tamara Dávila Rivas, de modo que se proceda a su inmediata libertad. 2) Requerir al Estado para que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de la señora la señora Daisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar».
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Y en el punto cuatro resuelven «requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 30 de julio de 2021 sobre la situación de la señora Daisy Tamara Dávila Rivas, a la luz de las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión», no obstante las ordenes de dicha Corte, la dictadura de Daniel ortega y Rosario Murillo continúan ignorándolas.
La Corte reafirma «la situación de especial riesgo y vulnerabilidad de las personas pertenecientes a la oposición o identificadas como opositoras al actual gobierno del país».
Dávila Rivas es una psicóloga feminista que desde 2018 participa activamente en movimientos de protesta y solidaridad. A lo largo de los últimos tres años ha sido detenida en varias oportunidades, golpeada, amenazada y mantenida en un constante hostigamiento por fuerzas policiales o paraestatales. Fue detenida de manera arbitraria el pasado 12 de junio, cuando efectivos de la Policía al servicio de la tiranía Ortega-Murillo allanaron su vivienda sin orden judicial. Desde entonces encuentra en prisión desde.
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la Corte advierte que que la detención de la dirigente del movimiento UNAMOS y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) «ha estado precedida de actos de estigmatización y amedrentamiento, siendo la detención en sí misma la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución».
Para la jueza Elizabeth Odio, presidenta de la Corte IDH, la situación de Tamara Dávila «se enmarca en el mismo patrón de hostigamiento a la oposición política en Nicaragua, el cual inició en 2018 con graves actos de amedrentamiento, y se ha visto exacerbado este año ante la inminencia de las elecciones generales».
De igual manera, en la solución, la presidenta de la Corte se declara preocupada por la falta de información por parte del Estado sobre el paradero y las condiciones de detención de Tamara Dávila, y señala que «al día de hoy ha transcurrido más de un mes sin que sus familiares o sus representantes legales hayan sido informados sobre su paradero”. La jueza Odio amplía las medidas provisionales al núcleo familiar de la defensora, al considerar que también se encuentran en una situación de riesgo debido al hostigamiento que han enfrentado al buscar información sobre la detenida.
