Diversas voces condenaron los atropellos ejecutados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la oposición y, especialmente, en contra de las activistas Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona, encarceladas de manera arbitraria, en los últimos días.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, denunció desde horas tempranas de este domingo, 13 de junio, que Tamara y Violeta se encuentran «desaparecidas», mientras Dora María y Ana Margarita estaban incomunicadas y con cerco policial. Son «dirigentes, activistas, feministas, rebeldes, valientes», destacó el mensaje de la exmandataria, emitida momentos antes que la dictadura de Nicaragua ordenara allanar y detener a la exguerillera Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil.
La congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, replicó el mensaje y exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos del régimen que ya suman más de 120 opositores, incluyendo a cuatro aspirantes a la presidencia de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó también su preocupación por las detenciones, y allanamientos ilegales y arbirarios de las líderes opositoras.
«La CIDH reconoce estos hechos como parte de una escalada de la represión y criminalización contra líderes y lideresas de oposición, que ejercen sus libertades públicas, mediante el uso de categorías penales amplias e imputaciones arbitrarias, y sin evidencia», señala la publicación en Twitter.
«En el marco de la intensificación represiva, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a liberar inmediatamente a las personas detenidas, y cesar los ataques a las libertades públicas, y particularmente, al ejercicio de los derechos políticos en el país».
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también repudió el operativo policial de allanamiento, detención y persecución por parte de agentes antimotines de la Policía.
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«La dictadura Ortega Murillo continúa con la sistemática persecución que violenta los derechos humanos en Nicaragua, la que desde hace tres años exige justicia, verdad, reparación y no repetición», indica el comunicado.
El exsecretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, calificó el hecho como «un fin de semana del terrorismo de Estado en Nicaragua» que orienta su cacería a mujeres líderes de la oposición.
La dictadura mantiene detenidos a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. También ordenó la detención del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica; el exvicecanciller José Pallais y la activista Violeta Granera, de la Coalición Nacional (CN).
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Posterior, ordenó allanar y detener a Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Hugo Torres Jiménez, de la organización Unamos, integrantes de la CN.
También mantiene en sus celdas a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marco Fletes y Walter Gómez, quienes se suman a más de 120 presos políticos.
No se soporta tanta irracionalidad