La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre su visita a Colombia en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021. En un documento de 48 páginas, el órgano adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) se mostró preocupado por lo acontecimientos durante el levantamiento cívico.
La entidad señaló como alarmante «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar, la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet».
La CIDH continúa llamando al diálogo como solución a la crisis para lo cual se debe contar con una amplia participación de representación ciudadana; con el objetivo de dar solución a las demandas legítimas de la población, respetando los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.
El gobierno de Iván Duque reaccionó poco después cuestionando el mandato de la CIDH y el método de adquisición de fuentes del informe realizado durante la visita a Colombia. «Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad», afirmó el presidente de esa nación en declaraciones a medios locales.
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Por su parte, la Comisión plasmó en su informe que para la elaboración de las observaciones y recomendaciones tuvo en cuenta los datos recibidos antes, durante y después de la visita por parte del Estado, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores. Adicionalmente, consideró los testimonios recabados durante la visita y recibieron un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonios de los cuales se lograron recabar únicamente 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que significó recibir a más de 500 personas.
Aseguran que los bloqueos de vías, si bien afectan a la población, son mecanismos de protesta legítimos consagrados por un derecho constitucional.
La CIDH realizó varias recomendaciones al Estado colombiano que fueron cuestionadas por la administración de turno; entre las que señala separar a la Policía del Ministerio de Defensa y prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar del orden público.
El organismo también manifestó su preocupación por por la falta de claridad en las cifras de fallecidos, desaparecidos y heridos durante las protestas. Hasta el momento, la Fiscalía documenta 21 muertes en protestas, pero organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 70.
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«La Comisión Interamericana manifiesta nuevamente su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y sus familias, es necesario rendir un homenaje a quienes perdieron la vida, las mujeres víctimas de violencia sexual, las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, las personas desaparecidas; recalcando la importancia de la justicia y reparación para ellas y ellos será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana», resaltan en el comunicado.
Aseguran que el respeto a los derechos humanos por parte del Estado garantizará un diálogo efectivo para avanzar y buscar una verdadera solución a la crisis del país.
