El Parlamento Europeo (PE) aumentó la presión en contra del régimen de Ortega-Murillo al solicitar acciones para proteger al sistema financiero internacional ante la amenaza de las «operaciones ilícitas» de la pareja presidencial y sus colaboradores.
En la reciente resolución aprobada este jueves, ocho de julio, los eurodiputados piden que el «Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos». Subraya que Nicaragua figura en la «lista negra» del GAFI desde octubre de 2020.
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La demanda es parte de las solicitudes dirigidas al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea en la que urgen sancionar a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a su círculo íntimo.
Una de las consideraciones de los europeos es que la reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores (Ley 842), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional al servicio de Ortega-Murillo, «obligan a los bancos a abrir cuentas para los familiares de las personas sancionadas por el Gobierno de los Estados Unidos y otros países y acusadas de corrupción, blanqueo de capitales y violaciones de los derechos humanos; además, que se acusa a la familia Ortega-Murillo de haber forjado un imperio empresarial en los sectores de las telecomunicaciones, la energía y otros».
Nicaragua es parte de la lista gris del GAFI, a consecuencia de que de las 40 recomendaciones de ese ente intergubernamental, únicamente ha cumplido siete. Cada seis meses realiza las respectivas revisiones y en la actualización de junio de 2021 mantiene a Nicaragua en la misma lista.
La experta en temas de anticorrupción, abogada Martha Patricia Molina, considera que el GAFI incluso «ha actuado de manera pasiva y permisiva hacia la administración pública del señor (Daniel) Ortega» porque su régimen ya debió ser colocado en la lista negra.
Pero, «que ahora lo hagan diputados europeos ya eso es un alto nivel y el GAFI va a tener que acatar esas orientaciones porque la solicitan diputados de países miembros de esta institución. De manera general, tendrán que atender todo lo que está sucediendo en el país en temas de lavado de activos».
Aclaró que no es órgano investigativo ni «perseguidor» de fondos ilícitos, sino un órgano que promueve estándares internacionales, y sobre esa base desarrolla evaluaciones a los países sobre cumplimiento y efectividad.
Pero con la petición tendrían que «revisar la deficiencias estratégicas en el Sistema Nacional en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Y lógicamente va incluido los malos manejos en las finanzas personales de la dictadura y sus cómplices porque no hablamos de un dólar, sino de millones de dólares», señaló.
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Molina indica que, por ejemplo, el GAFI no se ha pronunciado respecto a las autoridades sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., particularmente Iván Acosta y Ana Julia Guido, vinculados con dar seguimiento a nivel nacional a temas de Anti Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento al Terrorismo. «En buen nicaragüense estamos poniendo al ratón a cuidar el queso».
«Es importante que el GAFI también se entere que están sancionados el presidente del Banco Central de Nicaragua (Ovidio Reyes), el jefe de la Policía (Francisco Díaz), y el jefe del Ejército de Nicaragua (Julio César Avilés). Estos funcionarios también tienen incidencia, ya que por ley son miembros de la Comisión Anti Lavado de Nicaragua», añadió.