El Departamento de Estado de los Estados Unidos aplazó a Nicaragua y la incluyó en la lista negra de países que no cumplen los estándares para combatir la trata de personas. A la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo la tacha de no cumplir «completamente con los estándares mínimos para la eliminación de ese flagelo» y aseguran que tampoco está «haciendo esfuerzos significativos» para frenarlo, refiere el Informe Anual 2020 sobre la Trata de Personas.
Ante la deficiencia del régimen de Ortega para atender esta problemática, Estados Unidos ascendió a Nicaragua al nivel 3. «A pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la identificación de un poco más de víctimas que en el período del informe anterior así como el enjuiciamiento de un traficante», reza el comunicado.
Estados Unidos en su informe revela que la dictadura de Nicaragua encubrió a funcionarios y/o empleados de su gobierno que estuvieron involucrados en la trata de personas. El Departamento de Estado refiere que Ortega no inició siquiera un proceso de investigación contra los involucrados en estos delitos.
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«El gobierno no condenó a ningún traficante, y los esfuerzos de identificación de víctimas continuaron siendo inadecuados. El gobierno no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y la complicidad generalizada entre funcionarios gubernamentales», señala la Casa Blanca.
Los antecedentes documentados indican que en el 2019 las autoridades informaron haber iniciado seis investigaciones, todas por tráfico sexual, en comparación con cuatro investigaciones en el 2018 y cinco en el 2017. «El gobierno realizó cinco arrestos asociados con el tráfico, pero solo procesó a un traficante, acusado de tráfico sexual y laboral, durante el período del informe en comparación con cero procesamientos en 2018 y dos en 2017».
Imposición de sanciones
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, durante la presentación del informe manifestó que el gobierno del presidente Donald Trump «no se mantendrá al margen mientras otros Gobiernos someten a sus ciudadanos a la trata de personas y los oprimen».
Las declaraciones de Pompeo pueden traducirse a que la Casa Blanca no dudará en la imposición de sanciones a gobiernos que no cumplan con los estándares de protección y aplicación de medidas para contener los delitos.
The Trafficking in Persons Report is the gold standard for countless stakeholders around the world to combat human trafficking. We’ll continue to bring governments to the table and call on them to make the fight to #EndTrafficking a priority. pic.twitter.com/voGtEOvmtH
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 25, 2020
El Departamento de Estado hizo una serie de recomendaciones en las que destacan: aumentar significativamente los esfuerzos para identificar a las víctimas de la trata sexual y laboral, incluidos los extranjeros; Investigar, procesar y condenar a los traficantes, incluidos los funcionarios cómplices; Implementar enérgicamente la Estrategia Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Trata de Personas mediante la identificación de víctimas, incluso entre las poblaciones vulnerables, y remitir efectivamente a las víctimas a los servicios adecuados; asociarse con ONG para proporcionar a las víctimas atención a corto plazo, atención a largo plazo y servicios de reintegración; entre otras.