GRANADA, ESPAÑA.- La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018 ha dejado una brutal represión por parte del régimen de Daniel Ortega que se ha convertido en el mismo dictador que él ayudó a derrocar en 1979. La cifra de muertos asciende a 328, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y más de 100 mil nicaragüenses se han visto obligados a salir del país, algunos por segunda vez, como es el caso del periodista Carlos Fernando Chamorro, director del semanario Confidencial y director de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que actualmente están bajo censura en la televisión abierta.
El periodista Israel González Espinoza, redactor de temas religiosos en Artículo 66, entrevistó a Chamorro; quien subraya la importancia de la prensa independiente como resistencia ante el totalitarismo y demanda a la comunidad internacional (Vaticano y papa Francisco incluidos) una respuesta “multilateral” que fuerce al régimen a encontrar una solución democrática para Nicaragua.
¿Cómo está viviendo este segundo exilio en menos de dos años?
Trabajando. Uno nunca está preparado para salir del país y exiliarse. Yo regresé a Nicaragua el 25 de noviembre de 2019 sin ninguna garantía, pero con la convicción de reclamar mis derechos, porque estoy convencido que los derechos se recuperan, ejerciéndolos. Y me refiero al hecho de que mi redacción está confiscada por el régimen y ocupada por la Policía desde diciembre de 2018; y yo regresé a Nicaragua a seguir haciendo periodismo.
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Y bueno, ante una nueva situación extrema que se desató a partir del 20 de mayo, cuando la Policía asalta por segunda vez mi redacción –incluso, en ese momento yo seguía apegado a seguir trabajando en Nicaragua-, hasta que me confronté con una situación inminente en la que realmente mi libertad estaba en riesgo y ante esa situación yo decidí exiliarme nuevamente para seguir haciendo periodismo y desde el momento que estoy en Costa Rica he seguido haciendo periodismo.
Los medios de comunicación que usted dirige fueron confiscados en diciembre de 2018 y nuevamente allanado recientemente. ¿Cómo es informar en Nicaragua en medio de la coyuntura difícil que vive el país?
Con mucho sentido de responsabilidad porque lo fundamental es primero que nuestro medio siga informando, estar en línea 24 horas, poder seguir distribuyendo nuestros contenidos a través de las redes sociales; y eso sólo es posible preservando la seguridad de nuestros periodistas y mantener los estándares de calidad del periodismo profesional a pesar de la polarización. Lo más difícil es la polarización. Es mantener el apego a la verdad cuando no hay acceso a la información pública y cuando también se empiezan a cerrar las fuentes informativas porque en Nicaragua se vive en un estado de miedo y de temor generalizado con razones fundadas, y por lo cual el periodismo tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para recabar información confiable.
Hemos podido ver el acoso y la criminalización de otros medios y periodistas. ¿A qué se debe estos ataques del régimen orteguista contra los periodistas independientes?
Esta es la segunda ola de criminalización contra el periodismo independiente. La primera ocurrió a lo largo de 2018 y con mayor gravedad en diciembre de 2018 cuando fue asaltada mi redacción, la de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda fueron encarcelados durante más de seis meses.
Para mí lo más grave de todo es el hecho de que se criminalice y se le imputen delitos criminales a un periodista por hacer periodismo. Y estamos entrando otra vez esta etapa porque ya hay un periodista preso, Miguel Mendoza, cronista deportivo y está preso por divulgar sus opiniones cívicas y políticas en las redes sociales. También está preso otra vez Miguel Mora; periodista, político y precandidato presidencial por el PRD (Partido Restauración Democrática) y está detenida mi hermana Cristiana Chamorro, que es precandidata presidencial, directora de una fundación enfocada en promover la libertad de prensa; de manera que la prensa es la última reserva de las libertades en un país donde vivimos bajo estado policial.
En Nicaragua no hay libertad de reunión, movilización, de expresión. Los ciudadanos están amenazados incluso de portar en las calles la bandera azul y blanco, de gritar ‘Viva Nicaragua Libre’. Hay una persona que fue asesinada en La Trinidad que fue asesinada el 19 de julio de 2020 por gritar ‘Viva Nicaragua libre’. Yo quiero resaltar que en medio de esta persecución la prensa nicaragüense resiste en Nicaragua y en el exilio. La dictadura nos ha confiscado, nos ha cerrado físicamente medios, ha asaltado medios, ha encarcelado periodistas y no ha podido callar a la prensa. Lo más importante -y yo estoy convencido-, que la prensa va a seguir informando y que los periodistas independientes van a seguir llevando adelante este compromiso.
En medio de este escenario adverso, usted ha sido galardonado con el premio “Ortega y Gasset” de periodismo 2021, en su categoría trayectoria. ¿Qué apreciaciones le merece recibir este homenaje por parte de la prensa española? ¿Lo ve también como un reconocimiento al gremio periodístico independiente de Nicaragua?
En efecto. Yo cuando recibí esa noticia me sentí muy alentado, y lo recibí como portavoz de este movimiento de la prensa independiente de Nicaragua; en primer lugar, de mis compañeros en Confidencial y Esta Semana pero también de esa prensa independiente que se mantiene en resistencia haciendo periodismo de calidad. Lo que hay en Nicaragua no es una guerra de propaganda, es una batalla por la verdad, y esa es la función principal del periodismo.
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No aceptar la censura, ni la autocensura sino seguir informando y contar historias de calidad. La historia más grande que nosotros estamos viviendo es de dolor y represión pero también es una historia de esperanza de como el pueblo está resistiendo para cambiar de manera pacífica una dictadura. Esa es la historia que yo quiero contar.
Su hermana y su primo están encarcelados. ¿Ha podido hablar con ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están viviendo esta situación?
En este momento hay 20 rehenes electorales, que son aquellas personas precandidatos presidenciales como mi hermana o Juan Sebastán, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Miguel Mora. Hay también líderes políticos, empresarios, periodistas y otros trabajadores. De los 20, hay 19 de ellos que están en la cárcel en completo aislamiento; es decir, nadie ha tenido contacto con ellos, ni sus familiares han tenido contacto con ellos. Solamente 1 de estos 19 que es Arturo Cruz pudo hablar 20 minutos con su abogado pero sus familiares no han tenido contacto.
Cristiana Chamorro no le teme a la maquinaria de Ortega-Murrillo.
El caso de mi hermana Cristiana es distinto porque en el momento que ella es allanada y capturada, le imponen arresto domiciliario y eso le ha permitido que sus hijos y familiares cercanos puedan visitarla y puedan conversar con ella. Ella está aislada, no tiene comunicación externa, ni por teléfono ni por internet. Yo no he tenido contacto personal con ella pero sí sé que mis sobrinos sí la han visto y han conversado con ella.
El régimen ha emprendido una persecución indiscriminada contra opositores de todo el arco político, ideológico y social del país. ¿Qué peso tienen las elecciones presidenciales de noviembre en esta ola represiva?
Las elecciones son un punto de inflexión en esta crisis y esto empezó realmente en septiembre del año pasado (2020) cuando (Daniel) Ortega anunció la aprobación de cuatro leyes represivas que en esencia apuntan al dotar al Estado de instrumentos represivos con el objetivo último de inhibir competidores políticos; potenciales candidatos a la Presidencia, diputados y de inhibir partidos políticos para eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre.
Estoy hablando de la Ley de Agentes Extranjeros, de la llamada Ley de defensa de la soberanía que ha fabricado un presunto delito de traición a la patria, de la ley de ciberdelitos que fabrica el supuesto delito de noticias falsas y otra ley relacionada con los crímenes de odio. Esas leyes se aprobaron entre septiembre y diciembre, y estaba claro que su objetivo fundamental era intimidar y eliminar la competencia política. Lo que no se sabía era cómo se iban a aplicar. Lo que sí ha sorprendido es el nivel de brutalidad con la que se han ejecutado.
Es decir, aquí hay una combinación de la práctica de un régimen dictatorial de fuerza bruta que se desplegó en 2018 con un régimen que ahora a esa fuerza bruta le incorpora elementos de legalidad represiva, y eso es lo que ha ocurrido a partir del 20 de mayo; en que ocurren dos cosas: Ese día asaltan por segunda vez la redacción de Confidencial sin ninguna orden judicial o pretexto legal y ese día inician la investigación en el Ministerio de Gobernación y después en la Fiscalía contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y mi hermana Cristiana Chamorro.
A partir de ahí, en un mes hay 20 líderes políticos, cívicos, empresariales capturados. Ya sabíamos que las elecciones de noviembre no serían ni justas ni transparentes y que el régimen básicamente controla una maquinaria de fraude dentro del sistema electoral asociado al partido Frente Sandinista. Lo nuevo es que se está confirmando que Ortega decidió que no habrá competencia política en estas elecciones.
¿Aún es posible que se pueda abrir un proceso de negociación que permita una efectiva democratización del país en las elecciones generales proyectadas a realizarse en noviembre? En su opinión, ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que las elecciones generales de noviembre puedan ser consideradas como honestas y transparentes?
Yo creo que las elecciones del 7 de noviembre, de persistir esta política de régimen, vamos a tener votaciones; no vamos a tener elecciones libres y competitivas y por lo tanto el gobierno que surja de esa elección, probablemente una nueva reelección de Ortega; pues va a carecer de legitimidad nacional e internacional, por lo cual iniciará un nuevo periodo en una crisis agravada con consecuencias de diverso tipo en dependencia de cómo reacciona la comunidad nacional e internacional.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, dictadores de Nicaragua. Foto: Artículo 66/EFE
Es decir, Ortega no tiene nada que ofrecerle al país; que tiene tres años consecutivos de recesión económica, agravada por la COVID-19 y los problemas sociales entonces ese gobierno no tiene nada que ofrecerle, ese gobierno intentará atornillarse en el poder pero soluciones no puede ofrecer al país. Ahora, la única salida es una elección libre. Con Ortega eso no se puede hacer y yo siempre lo he dicho: ‘Aquí vamos a tener elecciones libres como resultado de una negociación con o sin Ortega y Murillo’.
En este momento todo indica que con Ortega no es posible tener una negociación democrática que conduzca a una reforma electoral. Lo que está claro es que ese régimen no es sostenible y no puede ofrecerle estabilidad al país. Tendrán que generarse otro tipo de condiciones nacionales y de presión internacional que conduzcan a esa negociación y a esa reforma. ¿Es posible hacer eso con Ortega y Murillo? Está claramente establecido hasta hoy que Ortega y Murillo han cerrado todas las puertas para esa salida cívica y política en el país.
La iglesia ha tenido un papel activo desde el 2018, entre ellos algunos jerarcas católicos como el obispo Silvio José Báez, actualmente fuera de Nicaragua por una solicitud del papa. ¿Cómo ha reaccionado ahora los obispos y la Iglesia antes esta nueva ola represiva?
Me gustaría decir que el exilio del obispo Silvio Báez es un motivo de dolor para la sociedad nicaragüense y yo, sinceramente, esperaría del Vaticano y del Papa Francisco un gesto mayor de solidaridad con la crisis de Nicaragua y con la Iglesia de Nicaragua.
El exilio de Silvio Báez es causado por la dictadura, por lo tanto hay que presionar a la dictadura para que permita que se restablezca la presencia de los organismos internacionales. Yo quisiera escuchar al Vaticano demandando al régimen de Ortega que retorne a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatoría de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) para que pueda regresar no solo el obispo Silvio Báez sino todos los exiliados en el país.
Papa Francisco recibió en audiencia a monseñor Silvio José Báez. Foto: Cortesía/Conferencia Episcopal de Nicaragua
La Conferencia Episcopal se pronunció recientemente antes del agravamiento de esta crisis. Y la Conferencia Episcopal dijo que en Nicaragua no podemos aceptar la eliminación de las libertades democráticas, no podemos tener una elección fraudulenta; queremos tener elecciones democráticas. Yo tengo la impresión que el liderazgo de la Conferencia Episcopal también está amenazado por esta crisis: Los sacerdotes y obispos también están amenazados. No tienen ninguna protección o fuero especial en un país donde toda la sociedad está amenazada.
Sí creo que la Conferencia Episcopal es el liderazgo moral más importante del país por su credibilidad y también creo que están confrontados con un desafío: En este momento en Nicaragua todos los sectores iniciando por los obispos, empresarios, otros actores de la sociedad, no solamente la sociedad política; enfrentan el desafío de unir fuerzas. Es decir, los obispos no son políticos pero son una referencia moral de credibilidad para animar un esfuerzo de unidad nacional. Lo único que le puede dar salida a esta crisis es la unidad nacional y esto no es un tema de discrepancias ideológicas o de izquierdas-derechas como algunos líderes políticos han pretendido señalar. Esta es una crisis entre democracia y dictadura, entre la mayoría de la gente que quiere elecciones libres y el régimen que quiere impedir esta salida cívica. Yo confío que los obispos de la Conferencia Episcopal van a jugar un papel muy importante en esta crisis.
Las sanciones y protestas de la comunidad internacional se suceden, pero parece que Ortega no se inmuta ante ellas. ¿Cómo se está viviendo en el país la respuesta de la comunidad internacional? ¿Hay algo más que se pueda hacer?
Yo creo que es alentadora la respuesta de la comunidad internacional. El hecho que en la Organización de Estados Americanos (OEA) 26 países votaron condenando las violaciones a los derechos humanos de la dictadura y demandando la liberación de todos los presos políticos; sin embargo hubo tres abstenciones extremadamente preocupantes: La de México, Argentina y Honduras, un país vecino de Nicaragua.
Es decir, todavía hay países de América Latina empezando por nuestra región que esperamos que se sumen a esta condena para aislar a la dictadura Ortega-Murillo. A nivel del concierto de las naciones europeas, vimos a la canciller de España (Arancha González) diciendo recientemente que habían intentado hacer una suerte de mediación con el régimen de Ortega y estaban bloqueando este tipo de diálogo. Es decir, Ortega no quiere un diálogo político; lo que pretende es simplemente cerrar el espacio político, cerrar la competencia política, reelegirse y él ha dicho que después de la elección llamaría a un diálogo nacional.
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Creo que el desafío que enfrenta hoy la comunidad internacional: la Unión Europea, América Latina, EE. UU., Canadá es: ¿Qué hacer? ¿Actuar hoy? ¿Esperar la reelección ilegítima de Ortega el 7 de noviembre? Creo que ese es el dilema que enfrentamos todos, la comunidad nacional e internacional. Esperar y ver lo que ya sabemos que va a ocurrir, que Ortega ya eliminó la competencia política. No es que lo va a hacer, es que ya lo hizo. Tiene cinco precandidatos presidenciales en la cárcel. ¿Vamos a esperar el 7 de noviembre o intensificar ahora la presión nacional e internacional? Ese es el dilema, y sobre esos temas yo creo que lo que se espera de la comunidad internacional es una acción multilateral.
Creo que la nueva política de la administración Biden en ese sentido es positiva. Este no es un asunto que le corresponde resolver a un gobierno extranjero –EE. UU.-, este es un problema de los nicaragüenses, pero necesitamos la cooperación multilateral de la comunidad internacional y ojalá se pueda mantener esa simultaneidad de la presión entre la comunidad internacional: Unión Europea, OEA, EE. UU., Canadá y otros gobiernos, con la presión nacional.
Son muchos los exiliados. Usted salió del país, volvió y ahora ha tenido que volver a salir. ¿Entiendo que en estas circunstancias no se puede volver todavía al país…? ¿Cuándo cree que se darán las condiciones para poder volver?
Todos los nicaragüenses que salimos al exilio en estas condiciones de persecución política. Salimos con la esperanza de retornar lo más pronto posible. No somos exiliados económicos que tenemos que dejar nuestro país para buscar otro tipo de oportunidades económicas. Salimos para preservar nuestra libertad y para poder seguir luchando por la democracia en Nicaragua. Yo espero lo más pronto posible ¿Cuándo? Cuando hayan condiciones, garantías. Por eso digo, es fundamental e imperativo que regresen a Nicaragua las comisiones internacionales de derechos humanos. Eso sería una señal para decir hay al menos un testigo que va a verificar y certificar sobre el retorno de los exiliados.
Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana. Foto: Cortesía
Lo que todos los exiliados queremos es señales del cambio político: que se desarmen los paramilitares, que realmente hayan garantías sobre el cese de la represión y ahí la palabra clave para mí es la suspensión del Estado policial.
Nicaragua se vive bajo un estado policial de facto. Ahí no se decretó un estado de emergencia, simplemente están conculcadas las libertades. Que se levante el estado policial, que se restituyan el derecho de libertad de reunión, movilización, prensa y expresión; y estoy seguro que vamos a regresar. Yo voy a regresar a hacer periodismo en mi patria y otros van a regresar para incorporarse a la lucha cívica de otra forma. Mientras tanto, yo sigo haciendo periodismo en Nicaragua, desde Costa Rica.
(*) Esta entrevista fue originalmente publicada de forma parcial en el semanario católico de información Alfa y Omega del Arzobispado de Madrid (España). Es publicada en Artículo 66 con el permiso expreso de su autor.