La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dirigida por Michel Bachelet, rendirá un informe de actualización sobre la grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua en medio de la represión que ejecuta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esas acciones han escalado en las últimas tres semanas, cuando, faltando menos de cinco meses para las eventuales elecciones presidenciales, han encarcelado hasta el momento 18 nuevos presos políticos, entre ellos; precandidatos presidenciales, líderes opositores y exguerrilleros sandinistas; al igual que decenas de operativos de asedio contra dirigentes que adversan a la dictadura de turno.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó este lunes, 21 de junio, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que la comisionada Bachelet comparecerá en la 41 sesión de esa instancia para actualizar el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Noticia relacionada: Michelle Bachelet insta al régimen de Ortega liberar a presos políticos
«Nicaragua: Mañana (martes 22 de junio) la Alta Comisionada (Michel) Bachelet presentará una actualización oral sobre la situación de los Derechos Humanos en el país», dice el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la organización internacional. La nueva escalada de violencia ha estado en manos de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, todos subordinados a los Ortega-Murillo-
Aunque la OACNUDH no adelanta el contenido del informe que brindará la Alta Comisionada, lo más relevante en las últimas semanas es la detención a partir del dos de junio de los precandidatos presidenciales de la oposición, comenzando por Cristiana Chamorro, a quien le allanaron su residencia en esa fecha y luego la confinaron a su propia habitación totalmente incomunicada y bajo una desproporcionada vigilancia policial.
Ya unos días antes habían sido detenidos y conducidos a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores administrativos de la Fundación Violeta Barios de Chamorro (FVBCH), quienes junto a la exdirectora de esa entidad están siendo acusados por el supuesto delito de lavado de dinero.
El cinco de junio fue detenido Arturo Cruz Sequeira, inscrito como aspirante presidencial en el proceso de selección de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) y fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando regresaba de Estados Unidos. El régimen lo acusa de atentar contra la soberanía nacional aplicando la represiva Ley 1055.
Noticia relacionada: ONU aboga por reformas electorales y diálogo en Nicaragua
Tres días después, el ocho de junio, la Policía al servicio de la dictadura Ortega-Murillo detuvo violentamente al precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, a quien emboscaron en plena vía pública luego de asistir a una cita en el Ministerio Público para ser interrogado. Ese mismo día, por la noche, allanaron la casa y fue detenido el aspirante presidencial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro. El 20 de junio, los uniformados capturaron por segunda vez a Miguel Mora, quien también pretendía competir por dirigir el Ejecutivo.
Luego siguieron los arrestos precedidos por violentos operativos de allanamiento y captura contra los líderes políticos opositores Tamara Dávila, José Pallais, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, la excomandante guerrillera Dora María Téllez, el general de brigada retirado Hugo Torres, el exvicecanciller Victor Hugo Tinoco y los empresarios José Adán Aguerri y Luis Rivas Anduray.
A todos los detenidos se les han violado el principio de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, según han denunciado sus abogados y los organismos nacionales de derechos humanos.
Además, la dictadura mantiene un constante asedio a las casas de decenas de dirigentes opositores en todo el territorio nacional a los que les planta vigilancia policial para no permitirles la libre movilización.
Noticia relacionada: Orteguismo acusa a la ONU de basar sus informes en fuentes opositoras vinculadas al «fallido golpe de Estado»
Con los nuevos arrestos arbitrarios, el número de presos de conciencia en el país supera los 130, según los datos que manejan ls organizaciones defensoras de los presos políticos.
En Nicaragua está previsto que se celebren elecciones para presidente, vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, el próximo siete de noviembre, en medio de la ola represiva que desata el régimen que no ofrece garantías de transparencias para ese proceso, pues mantiene copado con sus militantes todos los poderes del Estado y no permitirá observación electoral nacional ni internacional.
En estas condiciones es dificil ir a elecciones, dado que no hay garantias para que sea respetado el voto de cada ciudadano. Pues los jueces desde ya estan coludidos con el regimen y eso no inspira confianza.
Lo correcto seria que todos a uno voz digan ; no vamos a elecciones y asi sea deslegitimado este gobierno por la comunidad internacional.
Creo que la oposicion debe valorar entre ir o no ri…