Tres cuartas partes de la población nicaragüense vive en condiciones de pobreza, riesgo de pobreza y exclusión social. Y esta situación es incluso peor entre las criaturas, niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, entre los cuales la pobreza es incluso mayor. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es mayor en relación a los otros países centroamericanos.
Por ejemplo, el salario de todo el personal educativo y administrativo es insuficiente para que tenga la posibilidad de adquirir una canasta básica cuyo costo es de C$ 15,000 córdobas mensuales. Los salarios oscilan entre el mínimo de C$ 8,300 córdobas mensuales en el caso de los maestros de primaria y un máximo de C$ 10,500 córdobas mensuales para los directores de secundaria categoría “A”. Es decir, todos los trabajadores del sistema educativo viven en pobreza laboral.
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Tanto la pobreza general como la pobreza de los trabajadores del sistema educativo y del sistema de salud es silenciada y ocultada por el régimen y establishment político del país. Esta pobreza laboral es parte de la realidad ocultada que no aparece en el discurso oficial del régimen ni del establishment político.
La pobreza es un síntoma de la enorme desigualdad de renta y riqueza que existe en el país, una de las más altas de América Latina. Este silencio sobre la pobreza oculta, también, otro grave problema que existe, que es la elevadísima desigualdad de recursos.
En realidad, hay una relación directa entre pobreza y desigualdades de clase (medidas por el nivel de ingreso). A mayor pobreza, mayores son sus desigualdades de renta. También, a mayor pobreza, encontramos no solo mayores desigualdades de renta, sino también mayores desigualdades de género. De ahí que Nicaragua, sea uno de los países con mayor índice de pobreza, con mayores desigualdades de renta y también grandes desigualdades de género.
La gran mayoría de las familias encabezadas por mujeres y que trabajan fuera del hogar lo hacen, por lo general, en puestos de trabajo mal retribuidos, con poca estabilidad laboral y muy precarios, o directamente no trabajan fuera de casa, pues deben atender y cuidar a sus criaturas, al no poder tener ayuda de la familia. Al tener ingresos muy limitados, caen en la pobreza. La falta de trabajo o su limitado trabajo es, pues, la causa de su pobreza.
Una manera de reducir la pobreza infantil sería facilitando que las mujeres se integren en el mercado de trabajo y obtenga buenos trabajos. Sabemos que las mujeres más integradas en el mercado de trabajo son un reducido número con formación calificada, siendo las menos integradas las mujeres trabajadoras no cualificadas.
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El bajo nivel de los salarios y el alto desempleo son, pues, de las mayores causas de la pobreza y de las desigualdades de renta. Igualmente, el acceso a la educación por parte de las niñas, niños, y adolescentes de hogares de rentas superiores tienen mayores posibilidades de adquirir un capital educativo que no tienen los que provienen de familias pobres y/o vulnerables.
Puesto que la mayoría de las mujeres trabajadoras pertenece a las clases populares es fundamental que se refuercen los instrumentos de poder de género y de clase, pues no se resolverán los grandes problemas de pobreza y desigualdad sin empoderar a la mujer trabajadora y de las clases populares.
La pobreza no es solamente un problema económico y social, también es un problema político. Hay una clara relación entre los dos principales problemas que tiene Nicaragua: la elevadísima tasa de riesgo de pobreza y exclusión social y las enormes desigualdades por clase social y por género. Lo cual están claramente relacionados y responden a una causa común: el enorme poder de los poderes fácticos económicos y políticos conservadores que tienen sobre el Estado, lo cual determina la aplicación de políticas públicas claramente regresivas que favorecen los intereses de las clases más pudientes a costa de los intereses de la mayoría de la población y de los sectores populares.
La mejora del bienestar de las clases populares pasa por la movilización para cambiar y revertir las políticas regresivas y de austeridad que han dominado la vida pública del país bajo los gobiernos neoliberales. Tales políticas, de continuar, llevarían a un incremento de la pobreza y de las desigualdades.
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La solución pasa por desarrollar políticas públicas redistributivas que mejoren la calidad del mercado de trabajo y aumenten la ocupación formal, para avanzar hacia la igualdad de género, el mejoramiento del empleo y ayudar a las familias vulnerables a alcanzar el nivel de calidad de vida que se merecen, pasa por derrotar a la dictadura.
