Desde el 2018 a la fecha, Nicaragua acumula la mayor caída de empleos formales en los últimos 30 años, lo cual ha afectado; también, a los trabajadores informales de bajos ingresos. La consecuencia ha sido que miles de personas y hogares han sido empujados a la pobreza o la vulnerabilidad.
La merma en los ingresos se ha traducido en una reducción del consumo. Más del 70 por ciento de la población nicaragüense padece pobreza multidimensional; es decir, tiene carencia monetaria, sin acceso a la educación, bajo nivel educativo de los adultos y no cuentan con los servicios de infraestructura básica.
Noticia relacionada: El gobierno, el capital y los salarios
En el país, más de la mitad de los hogares resintió una pérdida de ingresos laborales debido a la crisis del 2018 y la pandemia, ya muchas personas vieron reducido su salario o perdieron su trabajo, lo que conlleva bajas significativas en los ingresos de los hogares, aumenta y profundiza la pobreza y acentúa la vulnerabilidad; sobre todo en los hogares que no se clasifican como pobres, perder un empleo los lleva a esa condición.
De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) indica que el 70 por ciento de las personas afiliadas al INSS son trabajadores con ingresos menores a C$ 10 mil córdobas mensuales, es decir, ganan como máximo hasta C$ 333.33 córdobas diarios, mientras que el costo de una canasta básica es de C$ 15 mil córdobas mensuales equivalente a C$ 500 córdobas diarios. Es decir, el índice de pobreza laboral (ingreso insuficiente de los trabajadores formales para satisfacer lo básico) está aumentando porque hay más personas que ganan menos del costo de una canasta básica.
Salarios por debajo del mínimo necesario para tener alimentación, educación, salud y vivienda; reducción de prestaciones laborales y protección social; así como la inexistencia de contratos escritos o contratación por tiempo definido versus contratos permanentes, hacen que la precariedad del empleo esté en su nivel más alto desde abril 2018.
Dentro de las variables para medir la precariedad laboral, la más preocupante es la de los salarios que no permiten adquirir una canasta básica. Esta variable tiene que ver, también, con la inseguridad respecto de la continuidad del vínculo laboral con la empresa, la insuficiencia de los ingresos salariales, la degradación de la situación de trabajo y la reducción de la protección social.
Noticia relacionada: Política, desigualdad y abuso de poder
La degradación laboral también se expresa con los contratos que aseguran el seguro social u otras prestaciones; el porcentaje de personas que no tiene acceso a servicios de la seguridad social, que carece de un contrato escrito y de otras prestaciones o que posee un contrato temporal, ha aumentado desde el 2018 a la fecha. La pérdida del empleo formal viene acompañada de la pérdida de la seguridad social, y quienes laboran en el sector informal o se autoemplean carecen de protección social.
La pérdida de independencia de los sindicatos, la represión sindical, muchos trabajadores no son sindicalizados y el alto porcentaje de desempleo ha hecho que haya menos negociaciones colectivas, lo que ha provocado mayor precarización y subcontratación laboral; razones por las cuales explican por qué los trabajadores no pueden tener los beneficios necesarios para tener un salario digno.
Economía de Nicaragua podría caer hasta un 10.9 % este 2019. Foto: La Prensa
El sistema fiscal no toma en cuenta el número de dependientes económicos, por lo que se cobra igual a todos los individuos y no se permite hacer deducciones en función de los gastos. Los trabajadores (meseros, albañiles, obreros, etcétera) que perciben hasta un máximo de C$ 15 mil córdobas mensuales son los que pagan impuesto sobre la renta (IR) en mayor proporción, respecto de su ingreso, pues no gozan del beneficio de la deducibilidad como las empresas.
Noticia relacionada: La guerra económica del régimen
El sistema fiscal vigente permite que el capital, la propiedad y la riqueza paguen menos impuestos que los ingresos por trabajo, al condescender la evasión fiscal y recibir exoneraciones. Por otro lado, las empresas que dicen ser “socialmente responsables” no pierden, pues recurren a donaciones, a otorgar apoyos a personas que ellos deciden, haciendo diferentes tipos de patrocinios para hacer efectivo el beneficio de la deducibilidad.
Desde el 2018 se ha producido la reducción del patrimonio de la gran mayoría de la población vulnerable y de la reducida clase media. La gran mayoría de la población no puede comprar lo suficiente para comer con los ingresos que reciben tanto los trabajadores formales como informales.
En conclusión, el desempleo, el rezago social, la pobreza y las desigualdades se han incrementado desde el 2018 a la fecha, período durante el cual la mayoría de los hogares, los trabajadores, las mujeres y las personas de la tercera edad han perdido su nivel de bienestar y calidad de vida. Tendencia que ha ido de la mano del deterioro constante de la distribución de la riqueza, el incremento del desempleo y una mayor concentración de los ingresos.
El país está al límite de sus posibilidades. Mientras el régimen Ortega-Murillo permanezca en el poder, las oportunidades para superar las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional) son limitadas, escasas o nulas.
