La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, informó que la situación económica que atraviesa esa organización política «es precaria» ante la falta de financiamiento para su sostenibilidad, ya que únicamente sobreviven con el apoyo de sus miembros, esto puede traer como consecuencia el cierre de sus instalaciones.
«El propósito nuestro es aguantar, pero no sabemos hasta dónde aguantemos económicamente», dijo Monterrey, quien también expresó que pareciera que el régimen de Daniel Ortega está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política.
De «situación difícil» calificó la presidenta de CxL, la crisis financiera de ese partido y enfatizó que se han mantenido económicamente por voluntariados. «Los que conocen cómo se formó este partido, saben que nadie nos ayudó.
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Además, Kitty Monterrey, declaró que el régimen de Ortega-Murillo tiene diferentes maneras de reprimir a los opositores en Nicaragua y una de ellas es el «ahogo financiero» con el cual la dictadura pretende que el partido opositor no cuente con los recursos necesarios para costear su participación en el proceso electoral montado por la dictadura para noviembre 2021.
Ante estas circunstancias han decidido reajustar el mecanismo de selección de candidato único y se encuentran haciendo las consultas óptimas para retomar su objetivo y seguir con el proceso interno que podría incluir a personas que no se inscribieron como precandidatos dentro de esa agrupación.
El Ministerio Público por medio de un comunicado dictó la imposición de 90 días de prisión contra Pedro Joaquín Chamorro, vicepresidente de CxL. El exdiputado es señalado de «traidor a la patria» y la administración pretende vincularlo con el caso de la Fundación Violeta Barrios, a través de la cual dicen hubo lavado de dinero, bienes y activos. El régimen ha encarcelado en menos de un mes a tres miembros de la familia Chamorro.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, y los exintegrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Antonio Gómez, Marco Antonio Fletes y Lourdes Arróliga.
Con ello, demandan respeto a los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, las que dicen sufren persecución y hostigamiento estatal.
La ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González Laya, ignoró la queja del régimen de Nicaragua en su contra y manifestó que hay un «clamor internacional» sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua y por la liberación de presos políticos en el país.
Así respondió la canciller española, luego que el régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviara una carta de protesta cargada de calificativos en contra de la representante del Gobierno español y de la embajadora española en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, donde los señala de servir al «yankee invasor».
