La Comisión de Buena Voluntad demandó al gobierno de Ortega-Murillo acatar las resoluciones de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se le otorga medidas provisionales y cautelares a 8 de los 21 recientes presos políticos.
La Corte IDH concedió medidas provisionales para los aspirantes a la Presidencia, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; para el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguirre y para la activista política Violeta Granera. Mientras que, la CIDH proporcionó medidas cautelares para la vicepresidenta de La Prensa y aspirante presidencial, Cristiana Chamorro y para los exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) Walter Gómez, Marco Fletes y Lourdes Arróliga.
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El grupo conformado por Carlos Tünnermann, Fabio Gadea Mantilla y Dennis Martínez indicó este 29 de junio que «en coherencia con los principios y fundamentos expresados en la Constitución de la República, enunciados en el artículo 46, en el que se expresa que “en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en…” diversos tratados internacionales de Derechos Humanos promulgados desde los órganos de la Organización de Estados Americanos o de las Naciones Unidas» el Estado de Nicaragua tiene el deber de respaldar lo emitido por los organismos internacionales de DD.HH.
Mientras tanto, la CIDH resaltó que los ciudadanos beneficiados con estas medidas son «perseguidos y hostigados» por el régimen orteguista y demanda al gobierno de Ortega-Murillo la liberación de los detenidos.
A la vez, el grupo político en su comunicado manifestó su preocupación por la ola represiva que ha instaurado el régimen de Daniel Ortega en el último mes, en donde la policía al servicio de la dictadura ha detenido a 21 líderes opositores, entre ellos activistas políticos, precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros y periodistas independientes.
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La Comisión de Buena Voluntad concluyó que «nuestra Constitución lo respalda es obligación del Estado de Nicaragua cumplir» en referencia a las medidas que organismos internacionales de DD.HH. han brindado a los presos políticos de la tiranía de Ortega.
