La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, rechazó las acusaciones lanzadas por el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que España «conspira» junto a otras naciones para imponer un candidato opositor en el país centroamericano.
La acusaciones de Ortega fueron expresadas la tarde del día anterior, 24 de junio, en una aparición televisiva en la que inculpó directamente a la embajadora española en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, de «intromisión».
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Ortega dijo que «los candidatos de la oposición venían buscando cómo sacar una fórmula, un candidato, (y) se venían reuniendo, reuniendo en la embajada yanqui, el embajador yanqui (Kevin K. Sullivan) ahí reuniéndoles y exigiéndoles que eligieran a fulano, a sultano, y de repente los llevaban a la Embajada de España y después recorriendo las embajadas europeas, pidiendo apoyo y dinero».
La canciller española respondió de manera enfática este viernes, 25 de junio, señalando que «todos los diplomáticos españoles cumplen escrupulosamente con sus obligaciones bajo la Convención de Viena, de relaciones diplomáticas y consulares, siempre dentro del marco del respeto de los países en los que representan a España».
«No se pueden utilizar excusas de ese tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecuciones de líderes políticos como estamos viendo en estos momentos en Nicaragua», subrayó González Laya.
Por el contrario, hizo nuevamente un llamado a la dictadura de Nicaragua a liberar a los opositores «que están sufriendo en estos momentos la prisión en Nicaragua y su plena participación en el proceso electoral próximo». A su vez, demandó el respeto a los derechos y a las libertades de los políticos, la prensa independiente, de los empresarios y de la sociedad civil en general.
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La respuesta de la ministra española fue dada durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraquí, Fuad Hussein, tras una reunión bilateral en Madrid.
Daniel Ortega mantiene detenidos e inhibidos de facto a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora.
En esa misma arremetida, ordenó la detención del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri; el exvicecanciller José Pallais, la activista Violeta Granera; y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marco Fletes y Walter Gómez; seis miembros de la organización política UNAMOS, incluyendo excombatientes sandinistas; el banquero Luis Rivas Anduray; la exdiputada liberal María Fernanda Flores de Alemán; y el cronista deportivo, periodista Miguel Mendoza Urbina. Quienes se suman a más de 115 presos políticos que el régimen ya mantenía en sus celdas.
