ONU demanda elecciones libres en Nicaragua: EE. UU. aplaude; México y Argentina no firman

Cincuenta y nueve países firmaron este martes, 22 de junio, una declaración conjunta en la que condenan la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan al régimen de Daniel Ortega garantizar elecciones justas y liberar a los aspirantes presidenciales, detenidos de manera arbitraria en las últimas semanas.

Este día, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, en el que destaca un preocupante y acelerado deterioro.

Las naciones señalan que comparten «las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables».

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Añadieron que también les preocupa que el régimen de Ortega no haya implementado las reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la organización de Estados Americanos (OEA), y por el contrario, restrinja la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y asociación, mediante acciones como la disolución de partidos políticos, acoso a periodistas y procesos penales contra aspirantes presidenciales.

«Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, a que aproveche la asistencia técnica, a que permita la presencia de observadores electorales internacionales y a que restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país», señalan.

Estados Unidos, a través de la subsecretaria interina de Estado, Julie Chung, celebró la postura de los países indicando que «el coro internacional que condena las acciones de Ortega y Murillo se intensifica cada día más».

Sin embargo, México y Argentina volvieron a mostrar una postura ambivalente al no rubricar el comunicado, pese a que el día anterior llamaron a «consultas» a sus embajadores en Nicaragua por las «preocupantes acciones políticas-legales» suscitadas por el Gobierno de Ortega.

Ambos países se echaron hacia atrás y mostraron la misma posición que tuvieron recientemente en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde tampoco respaldaron la condena contra la represión de Ortega.

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El abogado y político boliviano, Carlos Sánchez Berzain, criticó en Twitter que «la política exterior del castrochavismo en México, Argentina, Cuba, Bolivia y Venezuela» fue la que no firmó el documento.

Firmaron las democracias de Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.