La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al régimen de Nicaragua a adoptar «urgentemente» reformas electorales y entablar un diálogo inclusivo y constructivo con la oposición que garanticen elecciones generales creíbles, transparentes y pacíficas, el próximo 7 de noviembre.
La recomendación es parte del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH) que será presentado por la jefa Michelle Bachelet, en la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos prevista para el jueves, 25 de febrero.
El hecho que el régimen de Daniel Ortega no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos, cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones, alerta la Organización de Naciones Unidas (ONU)
El informe que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 documenta 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU; y 34 ataques contra periodistas y medios de comunicación que incluyen intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como allanamiento de oficinas, destrucción de equipos y sanciones administrativas por ejercer la labor periodística.
Bachelet también denuncia la detención arbitraria de al menos 110 personas que habían participado en protestas o colaborado con grupos de la oposición, entre ellas, 13 permanecen detenidas desde 2018 y algunas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos, según denuncias de la sociedad civil.
«Poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno», añade el informe.
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La ONU también expresa su preocupación por la aprobación de tres leyes represivas de Daniel Ortega: La ley de Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia y soberanía; además de la reforma constitucional que sentencia a cadena perpetua a quienes cometan supuestos crímenes de odio.
«(Estas leyes) podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones», señala el organismo y recomienda «modificar las leyes, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos».
Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y regionales urgieron a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) que durante la 46 sesión que tiene lugar en Ginebra esta semana, emitan una resolución firme sobre Nicaragua, y renueven el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada.
