La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su enérgica condena en contra de los actos represivos por parte del régimen de Daniel Ortega en el último mes, acciones que se han visto intensificadas y que han provocado la reacción de la comunidad internacional, denunciando los atropellos de la dictadura.
En esta ocasión, el organismo exigió al Estado de Nicaragua poner fin a la represión y liberar a todos los privados de libertad detenidos de manera arbitraria. Al mismo tiempo, continúan señalando los ataques en contra de la prensa independiente.
La entidad manifestó su respaldo a los precandidatos presidenciales de la oposición que han sido arrestados de forma arbitraria y demandó que los liberen. Instan a los Ortega-Murillo a permitirles conexión a los detenidos con sus familiares y que se les deje tener contacto con sus asesores legales. Igualmente, presionan para que se informe sobre el estado de salud, según lo han informado los mismos.
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«La CIDH manifestó su preocupación por las recientes detenciones y criminalización de los líderes y lideresas políticos y personas defensoras de derechos humanos ocurridas entre el 8 y 14 de junio, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, Jose Pallais Arana, Dora M. Téllez, Ana Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torres, Victor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, quien además es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, Gerente del Banpro el 15 de junio», resalta en el comunicado.
La Comisión ha mostrado principal preocupación por el estado de salud del opositor José Pallais, que aseguran sufre enfermedades crónicas y comorbilidades que deben de ser atendidas y tratadas para no llegar a consecuencias más graves.
Reprochan las formas en las que opositores están siendo detenidos con el «empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones», seguido de allanamientos en la mayoría de los casos, sin orden judicial.
Aseguran que la situación de derechos humanos en el país se ha venido deteriorando desde el 2018, prolongando el quebrantamiento del Estado de Derecho, afirman que «a la fecha, la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales; más de 2,000 personas heridas; más de 100.000 personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; más de 1600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis».
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Finalizan solicitando al estado el fin inmediato a la persecución de los opositores, garantizar el respeto a los derechos humanos y políticos permitiendo elecciones libres y justas, asegurando que las condiciones actuales no garantizan el voto ciudadano y no respetan las peticiones de los grupos de oposición y la comunidad internacional.
Este martes 15 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con 26 votos a favor una resolución que condena las acciones represivas del régimen y el cumplimiento de medidas para celebrar elecciones libres en el país, resolución que ha sido criticada por varios analistas y opositores que aseguran es más de lo mismo «necesitamos acciones contundentes» es lo que manifiestan, algunos solicitan que se desconozca a Ortega desde ya.
