El régimen de Daniel Ortega le negó la entrada al país a un periodista de The New York Times este jueves, 17 de junio, en medio de una escalada represiva en contra de medios independientes en el país, según dio a conocer el diario estadounidense.
El periódico detalló que el periodista Anatoly Kurmanaev fue notificado que su boleto a Managua fue cancelado por la aerolínea, horas antes de que despegara el vuelo, luego de que las autoridades nicaragüenses se negaran a permitirle el ingreso sin aparente justificación.
Kurmanaev, quien se unió recientemente a la oficina del Times en la Ciudad de México después de años cubriendo Venezuela, había cumplido con todos los requisitos legales y de salud exigidos por el país para poder ingresar; sin embargo, la dictadura decidió imposibilitar la visita.
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«Este es un ejemplo de los desafíos cada vez más comunes que enfrentan los periodistas en todo el mundo por el papel que desempeñan para garantizar una sociedad libre e informada. Los esfuerzos para silenciar a los periodistas deberían ser motivo de preocupación para todos», dijo el editor adjunto del Times para asuntos internacionales, Michael Slackman, según recoge el diario.
La negativa del régimen es interpretada como una evidencia de la escalada de los ataques gubernamentales contra medios independientes locales que, ahora, se hace extensiva a la prensa internacional.
A partir de mayo del corriente año, la dictadura agudizó la persecución en contra de aspirantes a la Presidencia de la República, opositores y medios de comunicación. Lo que parece no tener freno al también encarcelar a ejecutivos del sistema financiero del país y empresarios; exaliados del régimen que, hasta ahora, no habían sido sometidos de manera frontal.
En un documento gubernamental hecho público recientemente, la dictadura arremete en contra de medios de comunicación independientes del país, los que acusa de ser instrumentos para «falsas narrativas de la derecha y figuras de la oposición financiadas por Estados Unidos».
La pareja presidencial pretende vincular a los periodistas en supuestas investigaciones dirigidas contra líderes de la oposición por presunto lavado de dinero y «traición».
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Como parte de ello, más de una veintena de periodistas han sido obligados a presentarse ante la Fiscalía para ser cuestionados sobre su relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Sin embargo, durante la «entrevista» son señalados de publicar «noticias falsas» y amenazados de ser acusados por la Ley de Ciberdelitos. El gremio periodístico y defensores de derechos humanos sostienen que el acecho responde a la censura que el régimen pretende imponer a las puertas de las elecciones presidenciales en noviembre.
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