El Ministerio Público informó este 14 de junio que dictaron «detención judicial por 90 días» a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista política Tamara Dávila. El argumento es que continuarán con las respectivas investigaciones. A ambas opositoras las señalan de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país», normativa del gobierno Ortega-Murillo para acusar de «traidores de la patria» a los opositores.
Los funcionarios del régimen le advirtieron al doctor José Luis Borgen que de continuar compartiendo información sobre la pandemia del COVID-19, podría ser enjuiciado bajo la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. El galeno Carlos Quant también fue citado.
La policía subordinada al régimen se presentó la noche del viernes, 11 de junio de 2021 a la vivienda de Dávila, y procedió a allanar y detener a la integrante de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), cabe señalar que ella se encontraba con su hija y amigas, en el momento de la detención arbitraria. De la misma manera operaron los oficiales para detener a Téllez, integrante de Unión Demócrata Renovadora (Unamos), el 13 de junio de 2021.
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Miembros de la organización política Unamos tildan estas acciones como un «secuestro», debido a que las autoridades no presentaron «orden judicial». Tamara Dávila y Dora María Téllez se suman al resto de líderes opositores a quienes el Ministerio Público les abrió una investigación en su contra por supuestamente violar la Ley 1055.
Cabe mencionar que la pareja presidencial Ortega-Murillo ha incrementado la represión y persecución contra los opositores en estas dos últimas semanas; sigue citando a periodistas independientes a declarar por el caso de Cristiana Chamorro y ahora hasta ha mandado citatorios y ha impuesto restricción migratoria a la junta directiva de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) por el caso de Juan Sebastián Chamorro, porque dicen que posiblemente «podrían estar cometiendo actividades ilícitas», explica el comunicado emitido por parte del Ministerio Público
Por otro lado, el grupo disidente Unamos se pronunció hoy por la detención arbitraria de sus integrantes y manifestaron que «la ofensiva represiva se ha centrado en los liderazgos» de su organización y le dicen abiertamente al Gobierno de Ortega-Murillo que están «equivocados» si creen que con esos arrestos arbitrarios los obligarán a abandonar la lucha. «Si Ortega y Murillo piensan que sus acciones van a detener la resistencia pacífica de la ciudadanía, se equivocan. Si piensan que Unamos va a abandonar la lucha por la justicia y la libertad se equivocan. Si piensan que arreciar la represión va a sacarlos de la profunda crisis en que están, se equivocan», resaltó la organización política.
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Mientras tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), integrado por 34 miembros activos, se reunirá el próximo 15 de junio para abordar la situación del país, luego que el régimen ejecutara una fuerte persecución penal en contra de cuatro aspirantes presidenciales y varios dirigentes de la oposición, a quienes impuso cárcel e inhibición a cargos públicos.
