La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) condenó este domingo, 13 de junio, la persecución del régimen de Daniel Ortega en contra de la oposición, con un saldo de ocho dirigentes detenidos de manera arbitraria en los últimos diez días.
«La UNAB condena continuidad de los abusos de la dictadura en contra de los derechos civiles y políticos de los liderazgos opositores (…) La Unidad Nacional se declara en emergencia permanente ante la arremetida contra nuestros liderazgos y de otras organizaciones en Nicaragua. En su afán por sostenerse en el poder, Ortega y Murillo utilizan todo su aparato represor contra la oposición, periodistas, activistas y ciudadanía azul y blanco», señala el documento.
La organización opositora indicó que, en el caso de la activista Tamara Dávila, integrante de Unamos y de la UNAB, a los policías «tampoco» les importó secuestrarla, mientras se encontraba con su hija de cinco años y tres mujeres más, quienes fueron retenidas, interrogadas y posteriormente liberadas. Los oficiales señalaron que Tamara sería llevada a la cárcel “El Chipote”. No presentaron ni orden de allanamiento ni orden de captura».
«Exigimos la liberación de Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Pallais, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, José Adán Aguerri y los más de 120 presos políticos que llevan hasta más de dos años en las cárceles de la dictadura», demanda la UNAB.
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Daniel Ortega ha desatado su odio contra la oposición a cinco meses de efectuarse las eventuales elecciones presidenciales previstas para el siete de noviembre, desoyendo la demanda de la población nicaragüense y de la comunidad internacional que exigen elecciones libres, justas y transparentes.
Luego de cada allanamiento y detención ilegales, la Policía del régimen fue informa que el opositor es «investigado» por realizar supuestos actos que violan la Ley 1055, normativa impulsada por Ortega para encarcelar a opositores y calificarlos de «traidores de la patria» por solicitar sanciones en contra de sus funcionarios señalados de corruptos y/o violadores de derechos humanos.
