El diario La Prensa presentó su informe mensual correspondiente a mayo de 2021 sobre las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, periodo en el que se logró contabilizar 31 violaciones al derecho a informar.
La iniciativa de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, conocida como «Ley Renacer» será sometida a votación el martes, 22 de junio. Con ello, vendrían más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.
«Según nuestros indicadores de evaluación, como organización miembro de la plataforma regional Voces del Sur, el total de casos documentados se desagregan de la siguiente manera: 15 procesos civiles y procesos penales, 7 uso abusivo del poder estatal. Además de cinco agresiones y ataques, se registran tres detenciones arbitrarias y una restricción al acceso a la información», reportan.
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En el informe detallen explícitamente que el 100% de los casos registrados y verificados fueron ejecutados por agentes estatales que sirven a la pareja presidencial.
Denuncian los casos de hostigamiento por parte de las fuerzas policiales que impiden el desarrollo de la labor periodística, especialmente en coberturas a bloques opositores en el marco de las eventuales elecciones de noviembre de 2021.
Además, incluyen el segundo asalto a la redacción de Confidencial, en donde los uniformados allanaron sin orden judicial un estudio temporal en el cual se grababan los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Sumado a eso, señalan las detenciones arbitrarias a Leonel Gutiérrez, quien ejerce su labor como camarógrafo en Esta Semana; y Luis Sequeira, fotoperiodista de la agencia internacional de noticias (AFP).
«Nicaragua atraviesa por circunstancias históricas, en las que las libertades de expresión y de prensa transitan por momentos difíciles. Por consiguiente, la defensa y promoción de estos derechos fundamentales, hoy más que nunca, es indispensable para la obtención de cambios significativos y procesos democráticos en el país», recalcan en el informe.
Durante este mes las denuncias de abusos al ejercicio periodístico fueron en torno al caso Cristiana Chamorro por la supuesta acusación de lavado de dinero en la extinta Fundación Violeta Barrio de Chamorro (FVBC) que cerró operaciones en febrero de 2021.
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En el escrito se destacan las participaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales que han reaccionado en apoyo al «combo de leyes represivas impulsadas por el gobierno de Nicaragua» aplicadas recientemente y que según organizaciones independientes no abonan a a un ambiente democrático en las próximas elecciones.
«Los periodistas y dueños de medios han señalado también, que esta investigación afecta a todo el gremio periodístico y es un atentado a la libertad de expresión y de prensa. A su vez han afirmado que la prensa independiente de Nicaragua se mantiene firme y que las amenazas y ataques no van a doblegarlos», concluye el documento.
