La dictadura Ortega-Murillo reforzó la presencia policial con efectivos de sus tropas especiales en los alrededores del Ministerio Público, en un afán de mostrar fuerza e intimidar a opositores y periodistas independientes que han sido citados a los interrogatorios y a los que desarrollan su labor periodística en la cobertura de la llegada de los citados.
Al menos unos 60 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), los conocidos antimotines, y de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje (los de azul y celeste) rodean desde tempranas horas de la mañana de este martes, ocho de junio, el edificio donde funciona la Fiscalía del régimen, institución que ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos como uno de los brazos represivos de la dictadura donde se fabrican juicios con pruebas falsas para inculpar a opositores y condenarlos a penas de cárcel.
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Este martes estaban citados a comparecer ante los fiscales interrogadores el editor en jefe del diario La Prensa, Eduardo Henríquez, quien, según sus propias declaraciones, ni lo dejaron entrar a las oficinas sino que en la recepción le comunicaron que su «entrevista» sería reprogramada para otra fecha sin decirle cuándo.
También se presentó el aspirante presidencial de la Coalición Nacional Félix Maradiaga y el periodista investigativo del medio de comunicación digital Divergentes, Wilfredo Miranda.
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Además, debía presentarse a las instalaciones de MP, a entregar documentos solicitados por los fiscales, el director de Artículo 66, Álvaro Navarro, y el representante legal de La Prensa, Juan Lorenzo Hollman Chamorro.
El MP, que por ley en Nicaragua concentra el monopolio de la acción penal, es decir, es el ente estatal encargado de acusar en representación de las víctimas, ha citado a más de 20 periodistas independientes, directores y dueños de medios de comunicación no afines al dictadura, en torno a las investigaciones que dicen desarrollar del supuesto delito de lavado de dinero por el que están acusando a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien se encuentra rehén de la dictadura, aislada en su propia casa y rodeada de policías.
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Ademas, también acusan a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marco Fletes y Walter Gómez, que se encuentran privados de su libertad en las cárceles de la Dirección Auxilio Judicial. Otros que están en calidad de investigados los exfuncionarios de la Fundación, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano además de la periodista y corresponsal de la cadena internacional de noticias Univisión, María Lilly Delgado.
Borrachos de poder. Cuando les amanezca la democracia no van a aguantar la goma que les espera