Estados Unidos pide la liberación inmediata de la líder opositora nicaragüense Cristiana Chamorro y sus dos colegas de la Fundación Violeta Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. La comunidad internacional no puede considerar creíbles las elecciones en condiciones represivas», manifestó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
El Departamento a cargo de Anthony Blinken sostiene que la detención de Chamorro se realiza bajo la acusación de cargos falsos, representan un abuso de sus derechos y un ataque a los valores democráticos.
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El periodista y director de Artículo 66 Álvaro Navarro, al salir del «interrogatorio» al que fue citado por el Ministerio Público al servicio de la dictadura retó a esos mismos fiscales a ser igual de solícitos y eficientes para investigar de dónde han sacado dinero los hijos de la pareja dictatorial Ortega-Murillo para ser dueños de canales de televisión millonarios si nunca han trabajado.
Navarro fue citado a comparecer para «entrevista» relacionada con el caso de Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios, a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusan por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
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Otro citado a la Fiscalía General de la República fue el representante legal de Hispamer, Jesús de Santiago, día en que también fueron citados el representante legal del diario La Prensa y el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66.
Desde horas de la mañana, se podía observar un fuerte despliegue policial, tres veces mayor en comparación con días anteriores, en los que han cumplido con el llamado cerca de una veintena de periodistas, escritores, delegados de organizaciones y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
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Un grupo de eurodiputados de distintas organizaciones políticas demandaron al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, suspender el Acuerdo de Asociación con Nicaragua, en caso que Daniel Ortega no desista de su escalada represiva en contra de la oposición de cara a las elecciones generales previstas para el siete de noviembre.
La carta, firmada por parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, señala que ven «con mucha preocupación los últimos acontecimientos» emprendidos por la dictadura como son las reformas electorales hechas a la medida de Ortega, la escogencia de militantes del partido de gobierno como nuevos magistrados electorales, y el despojo arbitrario de la personalidad jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD).
