Régimen aún no puede inhibir a Cristiana Chamorro para ser candidata presidencial

Expertos en derecho coinciden que la última acción del régimen de Daniel Ortega por tratar de impedir que Cristiana Chamorro participe como posible candidata a la Presidencia de la República, aún no cumple su cometido. Para inhibirla al cargo público debe existir sentencia firme de un juez que la declare culpable de los delitos por los que se le acusa, mientras tanto, Chamorro sigue en la contienda, señalan.

El martes, primero de junio, la Fiscalía General de la República informó a través de una nota que ha procedido a acusar «por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos» a la aspirante presidencial opositora. Agrega que «hoy (primero de junio) mismo procedió a solicitar las medidas precautelares» y la «inhabilitación para (optar a) cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal».

La especialista en Derecho Constitucional, Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica (ACDJ), aclaró que «Cristiana sí está en pleno goce de sus derechos políticos» porque goza de la presunción de inocencia, ya que no ha sido procesada ni condenada; y la finalidad de las medidas cautelares es para garantizar la presencia del acusado en juicio, pero no significa que la persona es culpable.

«La privación o inhabilitación de estos derechos solo es posible mediante sentencia firme condenatoria. Como medida cautelar no está contemplada dentro del artículo 166 ni tampoco en la reforma al artículo 253 de CPP (Código Procesal Penal)», explicó la especialista en su cuenta en Twitter.

La integrante de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) sostiene que las medidas tomadas por el régimen en contra de Cristiana «son parte de la cadena de ilegalidades y arbitrariedades que estamos viendo en este caso de persecución política».

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El abogado José Antonio López, integrante de la organización Defensores del Pueblo, concuerda con que «nadie puede ser declarado culpable, mientras no se demuestre su culpabilidad de conformidad a la ley», por tanto, a Cristiana Chamorro y al resto de investigados «le cobija el derecho de presunción de inocencia».

«Si el día de mañana, doña Cristiana se inscribe (como candidata oficial) y de oficio, el Consejo Supremo Electoral la inhibe, estaría quebrantando la Constitución Política. Estaría quebrantando el derecho a elegir y ser electo. Todo depende si actúan conforme a la ley», declaró a Artículo 66.

López ejemplificó que, incluso, fue el mismo dictador Daniel Ortega quien manoseó el principio de «igualdad ante la ley y su derecho a ser electo» para mantenerse en el poder. «Aquí se está administrando justicia “por mis pistolas”, pero no por la ley», lamentó el defensor.

El exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán coincide con que el régimen está midiendo el pulso a la ciudadanía al presentar la posible inhibición de la aspirante presidencial, sin asidero legal. «Lo que quiere el régimen criminal, en este momento, es medir nuestra reacción por algo que desea y a lo que le teme, porque en el comunicado 004-2021 del Ministerio Público apenas habla de solicitar».

Reiteró que la Fiscalía no tiene facultades para imponer medidas precautelares, y el juez no ha resuelto y tampoco la puede imponer porque «imponerla sería delito del juez». «Es casi imposible que, de aquí a noviembre hayan culminado todas las instancias judiciales, peor aún en un delito tan complejo y con un juicio seguramente bien peleado», sostuvo Morazán, dejando entrever que Chamorro podría participar en las próximas elecciones generales del siete de noviembre.

Las leyes represivas aprobadas por la administración de Ortega en periodo preelectoral tampoco afecta a Chamorro porque «rigen para el futuro, y no para el pasado». «Es inocente y no hay proceso ni pena aún», sostuvo.