La aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios presentó la mañana de este martes, primero de junio, su solicitud formal ante el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para inscribirse como precandidata a la Presidencia de la República en la Alianza CxL.
«He traído mi carta de intenciones que dice que estoy dispuesta a inscribirme y a tener una reunión para conocer los últimos procedimientos que ellos están realizando en base a la consulta con los distintos precandidatos presidenciales. Les he explicado que en mi visita pasada, cuando vine solamente a preguntar sobre el procedimiento- yo no hice ninguna propuesta, no pedí nada, solo escuché- y tomé mi decisión de no inscribirme porque no estaba totalmente de acuerdo con la metodología (de selección del candidato) y en ese momento, (CxL) no se estaba consolidando como la casilla única de la unidad nacional. Y ahora se ha abierto a todos para que podamos competir en igualdad de condiciones», manifestó Chamorro al salir de la breve reunión con el Comité de Enlace de la Alianza.
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La apirante presidencial que se alza como la favorita en las encuestas para derrotar a Daniel Ortega en las próximas elecciones de noviembre, aprovechó para presentar una propuesta de cuatro puntos para ser considerada en la selección del candidato único de la casilla 15. Chamorro insistió que el documento es una «sugerencia», no exigencia.
Como primer punto, propuso que el puntaje de las encuestas tenga un valor del 70 por ciento y los debates, el 30 por ciento, con el fin de «escuchar la voz del pueblo, que sea la población la que decida quién va a ser el candidato único».
Como segundo punto, sugirió que las encuestas se trabajen con un padrón cerrado que integre el registro del CxL y personas de otras agrupaciones políticas identificadas con la oposición legítima. En el tercer punto, pidió que sea elegible para inscribir su candidatura todo ciudadano que cumpla con las cualidades contempladas en la Constitución Política. Y en el cuarto punto, sugirió que los precandidatos propongan a las personas que se encargarán de evaluar y elegir al ganador del proceso.
Cristiana también se refirió a la persecución que le realiza el régimen de Ortega al acusarla por el supuesto delito de lavado de dinero como exdirectora de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), acción catalogada como una maniobra política para inhibirla del proceso electoral.
«Yo soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario, y también los secuestrados políticos (exdirectivos de la Fundación). Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto, somos igual que otro ciudadano, libres para poder acceder a cualquier cargo de elección nacional», sostuvo.
Al respecto, denunció que los familiares de los exdirectivos, Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, no han logrado ver a los secuestrados. Exigió que las autoridades informen dónde se encuentran y en qué condiciones. «La familia llegó a visitarlos y no se les permitió verlos», relató, al tiempo que demandó al régimen que permita la entrega de las medicinas a Marco Fletes, quien sufre de diabetes.
Una vez revisada y aprobada la solicitud por parte del Comité, Chamorro Barrios estaría enfrentándose ante los precandidatos oficiales de la alianza Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Américo Treminio y Noel Vidaurre. Otro de los posibles precandidatos son Luis Fley, Medardo Mairena y Félix Maradiaga, miembros de la Coalición Nacional, quienes presentaron su carta el lunes, 31 de mayo, en la reapertura del proceso.
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José Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del partido CxL, indicó que George Henríquez, aspirante presidencial de la Coalición, también expresó su intención de inscribirse en el proceso, y están a la espera que se presente este martes o miércoles dos de junio.
La ACxL decidió reabrir su proceso de inscripción del 31 de mayo al tres de junio ante la demanda nacional de formar un bloque opositor fuerte, y al quedar como la casilla electoral más «potable» contra la dictadura de Daniel Ortega. Sin embargo, su directiva no modificó las reglas establecidas para los postulantes. Ese mecanismo incluye porcentajes que se atribuirán a cada precandidato retomando encuestas, debates y evaluación de formación académica más experiencia profesional.
Proceso contra Cristiana Chamorro
El régimen Ortega-Murillo impulsa una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero y otros activos contra la Fundación Violeta Barrios y su exdirectora, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Analistas políticos y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado que tras las acusaciones contra la aspirante presidencial se esconde la intención de la dictadura de inhibir a Chamorro Barrios que ha resultado la precandidata de mayor aceptación popular.
En ese contexto, la dictadura ordenó 90 días de privación de libertad bajo la figura de «detención judicial» contra los extrabajadores de la FVBCH, Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, los que fueron presentados el 29 de mayo ante la jueza orteguista del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias, Gloria Saavedra, quien, violando el debido proceso y el derecho a la defensa, dictó su decisión sin que estuvieran presente los abogados defensores de los ciudadanos. Los ciudadanos fueron secuestrados la noche del viernes, 28 de mayo, por civiles armados, según testigos.
