La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció este viernes, 28 de mayo, sobre la ola represiva orquestada por el régimen de Daniel Ortega contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y periodistas de medios de comunicación independientes, a quienes intentan vincular con una acusación por lavado de dinero, bienes y activos.
Naciones Unidas denunció la «investigación penal» que la administración Ortega-Murillo ha montado contra Chamorro, señalándola de usar fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) para actos ilícitos, mismos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha indicado se han utilizado de manera transparente. El Gobierno norteamericano ha financiado a la FVBCH a través de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID), por lo cual realizaron auditorías con las cuales descartan el supuesto lavado de dinero.
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«La investigación se basa en la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva” adoptada en julio de 2018. Esta ley, redactada en términos excesivamente amplios, ha suscitado de manera general la preocupación de que pueda ser utilizada para silenciar a las voces disidentes. Las acusaciones contra la Sra. Chamorro incluyen el supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales. En la última semana, miembros del equipo de 12 medios de comunicación independientes han sido llamados a declarar en el marco del mismo procedimiento penal» , resume el organismo.
Asimismo, denuncia el allanamiento a las oficinas de Confidencial, lo que se convirtió en el segundo asalta a la redacción de los medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro. «Incautó equipos y detuvo temporalmente a un camarógrafo. Actualmente, la Sra. Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente y de ser inhabilitada como candidata», agrega el comunicado.
Esas acciones la ONU las cataloga como «hostigamiento judicial» contra Chamorro y la prensa independiente. Por la Fiscalía ha desfilado al menos una docena de periodistas a quienes vinculan en el caso por recibir apoyo técnico de la Fundación.
Elecciones libres «lejanas»
El organismo internacional igualmente se muestra preocupado ante un escenario electoral turbulento, donde la oposición es perseguida y en donde a partidos políticos les arrebatan su personalidad jurídica.
«Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre, se están alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos y periodistas independientes» expresó la portavoz de OACNUDH, Martha Hurtado, sobre las medidas de Ortega en contra de precandidatos presidenciales, periodistas independientes y miembros de organizaciones opositoras.
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La reforma electoral aprobada el 4 de mayo dejó sentada el interés de Ortega por controlar el Poder Electoral y no dejar posibilidad ni siquiera a la observación internacional, lo que ha provocado el descontento nacional y de organismos externos. «Una reforma que no atendía las demandas de la oposición y la sociedad civil, al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales», destaca el texto.
En estas últimas semanas, la administración de turno se ha encargado de disolver a dos partidos políticos y ha montado un proceso penal contra la precandidata Cristiana Chamorro, aseguran que estos actos «no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas sino también los derechos de los votantes de elegir a las candidaturas de su elección»
Para finalizar, piden a las autoridades que enmienden la Ley Electoral y que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información, expresión y de asociación, así como el derecho a la participación política. Todos ellos aspectos esenciales para celebrar unos comicios libres y creíbles.
ASI DE CLARO ES, NO HAY INTENCIONES DE LIBERTAD POPULAR.