En una nueva jornada represiva, la periodista María Lily Delgado y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, salieron de la Fiscalía como supuestos implicados en la causa por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, expresidenta de dicha organización y aspirante a la presidencia.
En un principio, los fiscales aseguraron que la cita era para que atestiguaran sobre el caso. Pero tras la presencia de los abogados dijeron pasarían como implicados en la causa. “Cuando entramos aquí nosotros preguntamos en calidad de qué estábamos siendo entrevistados. Se nos informó a las 08:30 de la mañana que estábamos en calidad de testigos, y como testigos, por el marco jurídico nicaragüense ellos no iban a permitir que ingresara un abogado con nosotros”, dijo María Lily Delgado al salir de la Fiscalía.
“Nosotros les dijimos que cada uno de nosotros iba a pasar por separado, pero con nuestros abogados. Una vez estando ahí se nos insistió que el abogado no podía estar ahí porque estábamos en calidad de testigos y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí, la Fiscalía tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados”, agregó la periodista.
Noticia relacionada: ¿Quiénes son los periodistas citados por el régimen en el «caso Cristiana Chamorro»?
Los convocados firmaron un acta de declaración en la que se comprometían a colaborar con las autoridades, siempre y cuando estuviera su defensor. “Nosotros como ciudadanos necesitamos garantías jurídicas, porque como reporteros ustedes saben que existen múltiples informes de organismos internacionales que cuestionan la falta de independencia de la Fiscalía de la República”, explicó.
Fiscalía no presta confianza ni legitimidad
“Le reiteramos nuevamente a cada uno de los fiscales que en vista de que nos estaban cambiando la citatoria de testigo a imputados, nos apegamos al artículo 34 de la Constitución y nos reservamos el derecho a no declarar porque se nos impidió en calidad de testigo estar acompañados con un abogado”, dijo Lourdes Arróliga al salir del Ministerio Público después de haber permanecido dos horas dentro de las instalaciones.
La abogada Eilyn Cruz Rojas, explicó que, finalmente fueron implicados por una causa que ellos desconocen y que tampoco se les ha comunicado. “Como asesores le dijimos que invocaran el artículo 34 de la Constitución y no declararan, ellos hicieron uso de ese derecho y no lo hicieron”, explicó la abogada.
Noticia relacionada: Rechazo y condena a «criminalización» de periodistas, a quienes implican en caso Cristiana Chamorro
Según los abogados, se ha dado una situación “irregular”, debido a que no hay conocimiento de cuáles son las acusaciones imputadas. Por esta razón, se ha hecho uso del artículo constitucional que establece que toda persona tiene derecho a una tutela jurídica efectiva y no puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
La Fiscalía nicaragüense es señalada de fabricar casos contra manifestantes y opositores. Exfuncionarios del Poder Judicial e investigaciones periodísticas demostraron que desde esta instancia controlada por Ortega y Murillo se crean los procesos contra activistas. Luego son ejecutados por jueces afines al partido de gobierno. Sumado a eso, los abogados defensores de presos políticos han denunciado violaciones al proceso. Las autoridades judiciales no respetan los plazos establecidos por la ley y ejecutan las detenciones o allanamientos sin ninguna orden judicial.
Cruzada contra el periodismo independiente
Organismos de derechos humanos elevan las alarmas ante una escalada represiva contra la prensa independiente de Nicaragua. En los últimos tres años, el régimen de Ortega y Murillo ha querido acallar a los medios de comunicación que han informado sobre la represión desatada por el gobierno durante las protestas de abril de 2018. Con el segundo allanamiento a las oficinas de Confidencial y Esta Semana, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro, se ha abierto una nueva fase represiva que se ejecuta a través del Poder Judicial.
“El régimen Ortega-Murillo en su afán perverso de inhibir la candidatura de Cristiana Chamorro lleva a cabo una redada no contra la delincuencia que genera inseguridad ciudadana en el país, sino contra periodistas, hombres y mujeres de prensa que aman la verdad, la democracia y los”, dijo esta mañana el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
Noticia relacionada: Dictadura Ortega-Murillo ordena más citatorios ante Fiscalía contra periodistas y medios independientes
“Sabemos que esta dictadura está dispuesta a hacer de todo para callarnos y arrodillarnos, pero temor no hay. Nosotros hemos ejercido nuestro trabajo en medio de balas y allanamientos a otros colegas. La dictadura se equivoca si cree que vamos a dejar hacer periodismo”, aseguró el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66.
Arróliga manifestó que los funcionarios de la Fiscalía insistieron en que colaboraran con la investigación por lavado de dinero que ha sido ejecutada en contra de la Fundación Violeta.
A través de una nota prensa, el Ministerio de Gobernación (Migob) aseguró el 20 de mayo que se encontraron “graves inconsistencias” en los informes financieros de dicha organización, en el periodo 2015-2019.
La aspirante a la presidencia tachó el hecho como “una monstruosidad jurídica” y aseguró que el fin era inhibirla como candidata a la presidencia para socavar el voto de los nicaragüenses. Las encuestas han perfilado a Chamorro como una de las favoritas para enfrentar a Ortega y Murillo en las urnas, en parte por el legado moral de sus padres: Pedro Joaquín Chamorro, periodista mártir asesinado en 1978 por la dictadura somocista, y Violeta Barrios, que derrotó a Ortega en 1990 y puso fin a la guerra de los ochenta.
Noticia relacionada: Cristiana Chamorro: «Seguramente el régimen tiene lista la sentencia» en mi contra
Delgado, Arróliga y Medrano fueron citados el 25 de mayo junto a Verónica Chávez, exdirectora de 100% Noticias; y Fabio Gadea, propietario de radio Corporación, quienes comparecerán esta tarde.
Este martes también fueron llamados a comparecer Roberto Mora, periodista de Radio ABC de Estelí, y el comentarista Jaime Arellano, comentarista político. Ambos deberán presentarse el miércoles en las oficinas del Ministerio Público.
