La oficina de libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe anual 2020 al régimen dictatorial de Daniel Ortega de estar detrás de un hostigamiento constante contra la Iglesia católica de Nicaragua, debido a las críticas de la jerarquía eclesiástica hacia el autoritarismo del gobierno y la violación de derechos humanos emprendida desde abril de 2018 contra la población.
El informe, publicado este miércoles, 12 de mayo, es similar al emitido el pasado mes de abril por la organización no gubernamental «Ayuda a la Iglesia Necesitada», una fundación papal creada en 1947 que manifestó que el derecho a la libertad de culto estaba «seriamente comprometido» en el país por la represión gubernamental.
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La administración de Joe Biden culpó a la Policía Nacional y grupos parapoliciales al servicio del régimen de estar detrás del asedio y hostigamiento a las parroquias donde se reúnen personas identificada como opositores a Ortega.
Asimismo, el gobierno de EE. UU. incluyó nuevamente al país en la lista de «vigilancia especial» debido a que la dictadura Ortega-Murillo ha cometido y tolerado violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua.
«Los líderes católicos y protestantes evangélicos que proporcionaron refugio y asistencia médica a manifestantes pacíficos en 2018 continuaron sufriendo represalias del gobierno, incluidas calumnias, investigaciones arbitrarias por parte de agencias gubernamentales, cargos que dijeron que eran infundados, retención de exenciones de impuestos, reducción en asignaciones presupuestarias y la imposición de negación asistencia religiosa para presos políticos», subraya el documento.
Las autoridades estadounidenses señalan que el clero nicaragüense denunció que las empresas de energía eléctrica (Disnorte-Dissur) y de agua potable (Enacal) fueron obligadas a cortar el suministro de dichos servicios a parroquias presididas por sacerdotes abiertamente críticos con el régimen de Managua.
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Igualmente, el informe indica que la jerarquía eclesiástica mantiene su sospecha que la dictadura de Ortega y el partido de gobierno están detrás de diversos ataques contra parroquias e instituciones católicas sucedidos a partir de abril de 2018, pero que la administración de turno alegaba no tener conocimiento de las mismas.
«El clero también dijo que creía que el gobierno dirigió o alentó el vandalismo y la profanación de iglesias por parte de personas que no están directamente afiliadas a él. (…) El 23 de octubre, el cardenal (Leopoldo) Brenes dijo a los medios de comunicación que las iglesias católicas de todo el país tenían dificultades para pagar ‘montos exagerados’ en sus facturas de luz y agua. Brenes cuestionó los cargos», remarca el escrito.
Revocación de visas a sacerdotes extranjeros
El gobierno de EE. UU. aseguró que si bien, la Iglesia católica nicaragüense continuó denunciando los desmanes de Daniel Ortega y la continuada violación a los derechos humanos que vive el país desde abril de 2018; también el régimen intensificó su cerco contra la jerarquía eclesiástica, obstaculizando su labor pastoral en campos tan diversos como la acción social, la educación y campañas de concientización contra el COVID-19.
«En septiembre, la Oficina de Migración de Nicaragua revocó el estatus de residente permanente de dos sacerdotes extranjeros: el padre Julio Melgar de El Salvador, que había servido en el país durante 40 años, y el padre Luis Carrillo, de Colombia, que había servido en el país durante nueve años. El permiso de residencia de Melgar debía renovarse en 2024 y el de Carrillo en 2022.
Padre Damián confirma motivos políticos en cancelación de su residencia. Foto: Redes sociales.
Migración notificó verbalmente a ambos sacerdotes que sus permisos de residencia habían sido revocados y los sacerdotes tendrían que volver a solicitarlos con frecuencia: Carillo cada seis meses y Melgar cada mes. El obispo (Juan Abelardo) Mata dijo a los medios de comunicación que las acciones del gobierno hacia Carillo y Melgar estaban diseñadas para presionar a los sacerdotes para que abandonaran el país o dejaran de denunciar los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno durante sus homilías», detalla el documento.
El informe de la libertad religiosa también menciona la profanación de la misa in corpore insepulto del sacerdote Ernesto Cardenal; a la que llegaron partidarios del régimen de Ortega con tal de boicotear el servicio religioso que fue presidido por el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag junto a los obispos Leopoldo Brenes y Rolando Álvarez.
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Del mismo modo, se detalla que los sacerdotes se quejaron de la coacción a la que eran sometidos por partidarios del régimen quiénes llegaban a las parroquias durante las eucaristías para evitar que hablaran de la crisis sociopolítica que vive la nación.
Coalición Nacional pedirá el «auxilio» de la Conferencia Episcopal para que medie entre bloques opositores y alcanzar la unidad. Foto: Redes sociales CEN
«Los líderes de la Iglesia católica en todo el país continuaron sufriendo el acoso de los partidarios del gobierno, que a menudo actuaban en conjunto con la Policía. (…) Los sacerdotes dijeron que a menudo veían a civiles progubernamentales intentar intimidarlos para que guardaran silencio público sobre cuestiones políticas grabando sus homilías dominicales» , recalcan las autoridades estadounidenses.
Manipulación religiosa
El informe del Departamento de Estado de EE. UU. remarcó que el régimen orteguista continuó utilizando el lenguaje religioso y las tradiciones católicas como medios de dominación ideológica del país. Del mismo modo, se remarca que fanáticos al servicio del gobierno de Managua continuaron una campaña de estigmatización en detrimento de la labor de los religiosos en favor de los derechos humanos.
«El obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, uno de los críticos más abiertos de los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno; dijo a TV pública de Alemania en septiembre que ‘lo que existe en Nicaragua es una burda manipulación de la religión por parte del régimen. Vacía la religión de todo contenido ético, de todo contenido que exija convicción personal y justicia social» , resalta el documento.
