La abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, denunció que autoridades de salud pública de Nicaragua le negaron el examen del COVID-19, a pesar de presentar síntomas asociados al virus.
La Unión Europea declaró que la reforma a la Ley Electoral y el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen constituyen un “retroceso” de la democracia. La OEA y EEUU también se sumaron al rechazo.
La alerta la emitió a través de su cuenta en Twitter este domingo, 02 de mayo, en la que relata que asistió a la unidad de salud donde tuvo que esperar ocho horas para ser atendida y sin embargo, no le informaron si sus padecimientos responden a contagio del COVID-19.
La situación ocurrió en el hospital Fernando Vélez Paiz, Managua, detalló la abogada Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización que da seguimiento al caso.
Flores dijo que la defensora Martínez asistió al hospital en horas del mediodía del sábado, primero de mayo, al presentar fiebre, problemas respiratorios, tos, decaímiento y dolor en el pecho. «Salió a las 11:30 pm con un diagnóstico de “enfermedad respiratoria superior“, y un tratamiento que le están dando a pacientes con COVID sin haberle hecho una prueba de COVID. No le dieron ninguna explicación del porqué y tampoco le dieron seguimiento», denunció la abogada de la organización.
Yonarqui padece de hipertensión crónica y sobrepreso, lo que la califica dentro de la población en riesgo con derecho, incluso, a la vacuna contra el virus; y entre el sábado y este domingo, su salud continúa desmejorando.
«En los últimos días hemos sido testigos de cómo el COVID está cobrando la vida de varias personas en nuestro país, debido a esta falta de atención, de la irresponsabilidad del gobierno de Nicaragua al no tomar medidas de cara a prevenir o evitar un contagio; todo lo contrario, los casos de COVID siguen aumentando», deploró Flores.
«Como organización de Derechos Humanos exhortamos al Estado de Nicaragua a que tome medidas dirigidas a proteger a toda la población en general, y en el caso particular de Yonarqui, a que cumpla las medidas cautelares que dictó la CIDH… eso incluye que pueda tener acceso a atención y tratamiento médico necesarios que garanticen su derecho a la vida e integridad personal», manifestó la defensora.
Médicos independientes afirman que los casos de COVID-19 presentan un repunte tras las vacaciones de Semana Santa a finales de marzo. El Observatorio Ciudadano contabiliza 14,170 personas sospechosas de haberse infectado de COVID-19 desde que se reportó el primer caso en el país, en marzo de 2020.
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Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) asume menos de siete mil casos en el mismo periodo, e insiste en declarar los decesos de personas que han estado en seguimiento como causados por tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas.
