El reciente informe de la Contraloría General de la Republica PGR presenta datos que revelan un triste y pusilánime papel en un país donde el índice de corrupción lo señala como uno de los más altos de América Latina solo comparado con Venezuela y Haití, y calificando a Nicaragua en una escala de 22 puntos siendo cien los que tienen menos corrupción o sea que este gobierno está menos que aplazado.
Según una investigación de la doctora Martha Patricia Molina y basada en el mas reciente informe de la Contraloría en un Estado que tiene 99 instituciones de gobierno y 153 municipalidades su reporte de este año revela que en el año 2020 dejaron de fiscalizar a 104 instituciones o sea más una tercera parte a pesar se presentaron denuncias en medios de comunicación y particulares .
En el informe anual de la CGR en el año 2020 sumando los ingresos del Presupuesto General de la Republica y donaciones, recibieron aproximadamente 420 millones de córdobas lo que refleja un equivalente más un millón de córdobas diario en una labor que resulta invisible ante la comunidad nacional e internacional.
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El equipo de la CGR según la investigación cuenta con 428 personas de las cuales solo dos tienen doctorado, 57 maestrías, 197 nivel universitario y el resto nivel técnico, bachillerato o primaria.
En el informe presentado por la CGR se realizaron tres tipos de auditorías clasificadas como financieras, de cumplimiento y especiales.


Dentro de estas últimas se mencionan instituciones como MINED, MINREX, ENACAL, INAFOR, y DGA aunque en ninguna se informa de presunciones penales sino que algunas de carácter administrativo.
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Sin embargo en el cuadro de glosas publicado en el informe 2020 por presunciones civiles, administrativas o penales aparecen mencionadas instituciones como INAFOR, UNA , INATEC , y algunas alcaldías, señalando más de 14 millones de córdobas en glosas sin aplicar ninguna de carácter penal, siendo la mayor la de INATEC con casi 13 millones.
Según la investigadora Molina en el año 20l6 la CGR no fiscalizó a 29 entidades, en el año 2017 igual, en el 2018, fueron 68, en 2019, 82 y en el 2020, 104 lo que refleja el pobre papel de una institución cuya función es resguardar los intereses de la población en cuanto a la buena inversión que debe realizar con el Presupuesto General de la República.


El Consejo Superior de la CGR está integrado por María José Mejía como Presidente, Vicente Chávez como vice y como miembros del Consejo Marisol Castillo y María Dolores Alemán, de éstas una de ellas relacionada con un asesor en seguridad de Ortega y la otra hija del antiguo socio político lo cual les impide realizar las funciones para lo cual fueron nombrados.
Lo más triste en este informe es que dicha institución revela que en los últimos tres años no recibió denuncias públicas ciudadanas a pesar que la Constitución y su ley establecen el derecho de los ciudadanos presentar denuncias sobre actos irregulares en el uso y recursos del Estado lo cual no ha ocurrido por la falta de credibilidad en una institución que ha jugado un pobre papel en este régimen a pesar de las continuas denuncias de corrupción a nivel nacional e internacional lo que colocan al país según Transparencia Internacional en uno de las corruptos del continente.