Diez aspirantes presidenciales de la oposición aprobaron este lunes, 19 de abril, un pronunciamiento conjunto en el que rechazan de manera categórica la iniciativa de reformas electorales presentadas por el régimen de Daniel Ortega, de cara a las eventuales elecciones presidenciales en noviembre.
En el documento se leen los nombres del exdiplomático Arturo Cruz y la periodista Cristiana Chamorro Barrios, ambos independientes; Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica (ACDJ), Noel Vidaurre, por el movimiento República Avanza, Medardo Mairena del Movimiento Campesino, y los precandidatos de la Coalición Nacional: María Eugenia Alonso, de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional (ACUN), Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); George Henríquez, de Yatama; Miguel Mora, del Partido Restauración Democrática (PRD); Luis Fley, de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
«Tenemos la obligación ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional de rechazar categóricamente estas propuestas y poner en evidencia las maniobras del gobierno y la manipulación que pretende hacer en contra de la administración transparente, libre e imparcial del próximo proceso electoral», señalan los precandidatos opositores.
En el pronunciamiento detallan once anomalías que el régimen intenta establecer:
a) Se pretende reformar por la ley electoral, la Constitución Política, estableciendo nuevas inhibiciones para aplicarse a los candidatos de la oposición que se postulan para optar a cargos de elección popular; en una flagrante violación constitucional.
b) Se pretende desconocer el mandato constitucional expreso de elegir magistrados electorales en consulta con las organizaciones civiles pertinentes.
c) Se mantiene el sistema electoral de control bipartidista excluyente en los organismos electorales.
d) Se elimina el concepto de observador electoral y se sustituye por uno más limitado como el de acompañantes.
e) Se mantiene el padrón activo y pasivo para limitar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos.
f) Se faculta atípicamente a la Policía Nacional y no al CSE, para autorizar manifestaciones partidarias durante la campaña electoral, convirtiendo al presidente de la República, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, en juez y parte de este proceso electoral.
g) Se amplía inconstitucionalmente la impugnabilidad de las resoluciones del CSE al extender la facultad del máximo órgano electoral de resolver sobre derechos, deberes y prerrogativas constitucionales de los ciudadanos y candidatos en materia electoral.
h) Se restringe el derecho a la verificación ciudadana masiva que es fundamental para depurar el Padrón Electoral.
i) No se establecen mecanismos para realizar una efectiva cedulación masiva.
j) Se legaliza la figura del Coordinador de Centro de Votación nombrándolo sin tener ningún criterio técnico-jurídico para su designación y asignación de competencias; formalizando el rol de un operador político partidario con amplias facultades logísticas y administrativas en el Centro de Votación.
k) Se institucionaliza un régimen represivo contra la oposición política al incorporarse en la legislación electoral leyes que violan la Constitución Política y derechos fundamentales de los nicaragüenses: Ley de Regulación de Agentes extranjero y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía Autodeterminación para la Paz.
«Ante la evidente falta de voluntad política del gobierno, seguimos demandando reformas que realmente reestablezcan la confianza en el Sistema Electoral y garanticen la realización de elecciones libres, justas, competitivas, transparentes y observadas en noviembre de este año. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la salida cívica, democrática y pacífica a la actual crisis política, social y económica y demandamos al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en marzo 2019 y la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre 2020».
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Los aspirantes también demandaron la liberación de todos los presos políticos; libertad de expresión, movilización y de prensa; la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos; el retorno seguro y de todas las personas en el exilio y la suspensión del Estado policial. El pronunciamiento se dio a conocer en el marco de los tres años del inicio de la rebelión cívica contra la dictadura, y será presentado al público el martes 20 de abril.
