Una delegación de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) interpuso este martes, seis de abril, ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua, que establece 90 días para mantener detenido a cualquier ciudadano, mientras es investigado.
El dos de febrero de 2021, la aplanadora de diputados orteguistas aprobó la reforma Ley 406, Código Procesal Penal (CPP), y luego se publicó con premura el viernes cinco del mismo mes en La Gaceta, diario oficial.
Según el abogado Pablo Cuevas, la reforma viene a legalizar los atropellos que la Policía viene implementando desde el 2018. «Recordemos el caso de la licenciada Ana Cecilia Hooker, promotora voluntaria de CPDH, que estuvo tres meses en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y nunca fue llevada a un tribunal; también está el caso del señor Carlos Valle, entre otros casos».
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«Si en esas situaciones que no existía ley que le diera la potestad a la Policía para detener a un ciudadano sin ser puesto a la orden de un juez ocurría, ahora imaginemos ya teniendo potestad para hacerlo», recalcó Cuevas.
Los defensores manifestaron que estas nuevas acciones por parte de la justicia orteguista son de suma preocupación, porque significa que se seguirán vulnerando los derechos de los nicaragüenses. «Recordemos que el derecho a la libertad es uno de los primeros derechos consignados en la declaración universal de derechos humanos», manifestó Pablo Cuevas, quien agregó que el más afectado es el pueblo nicaragüense.
«Leyes con nombre y apellido»
Para Pablo Cuevas, la reforma al Código Procesal, así como la aprobación del combo de leyes «tienen nombre y apellido porque van dirigidas a los ciudadanos «que principalmente han hecho uso de su derecho constitucional a protestar o tratan de protestar. El gobierno promulga leyes para tratar de callar la voz de los ciudadanos que tienen una expresión diferente de la línea oficial, sin embargo nosotros como defensores de derechos humanos seguiremos estando al frente para que no se sigan vulnerando a la ciudadanía».
Por su parte, la abogada Teresa Guadamuz lamentó que la Corte Suprema de Justicia hace caso omiso a los recursos interpuestos por CPDH, porque no da respuesta. «Antes de este recursos hemos interpuesto cuatro recursos por inconstitucionalidad a leyes impuestas (amnistía, ciberdelitos, agentes extranjeros, prisión perpetua), pero de ninguno se ha tenido respuesta, pero seguiremos denunciando las violaciones a los derechos humanos de manera internacional».
No permiten acceso a CSJ
Una delegada de la Corte Suprema de Justicia recibió la documentación que llevaron los abogados de CPDH, misma que dio orientación a los guardas de seguridad que no les permitieran el acceso a las instalaciones.
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El plazo para recibir respuesta por parte de la CSJ es de 120 días. El abogado Pablo Cuevas manifestó que esperan a «que los toma decisiones, tomen decisiones que les convenga a los ciudadanos y que respeten la ley y los derechos humanos, porque no puede haber constitucionalidad si no se respetan los derechos humanos».
La reforma de la Ley establece que las autoridades presentarán a la persona detenida ante el juez dentro de las 48 horas después de su detención y que a petición del Ministerio Público se celebrará inmediatamente una «audiencia especial de tutela de garantías constitucionales» para la ampliación de la investigación, la que no podrá ser menor de 15 días ni mayor de 90 días.
Expertos indican que la reforma establece que el detenido siempre será llevado a la orden del juez en el plazo de las 48 horas, pero quedará a discreción del juez si lo deja en libertad por no presentar méritos en la acusación, si inicia el juicio o acepta la «audiencia especial de tutela de garantías constitucionales» para extender el plazo de la «investigación».
