La Policía del régimen de Daniel Ortega impidió que la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez llevara medicamentos al exreo político Justo Rodríguez, originario de la comarca Esquipulas, del municipio de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, quien salió parapléjico de la cárcel producto de las torturas.
Alvarito Conrado, el estudiante de 15 años que fue a repartir agua un 20 de abril de 2018 como gesto de solidaridad con los universitarios que protestaban contra el régimen, cumplió tres años de su asesinato. Su familia exige verdad, reparación, justicia y castigo para los que ordenaron disparar en contra del adolescente y para quienes le negaron la atención en salud.
La mañana de este jueves, 18 de marzo, la abogada junto a otros acompañantes fueron retenidos por miembros de la Policía y obligados a reembarcarse en el puerto de Moyogalpa cuando se disponían a visitar al excarcelado, pese a que ya se encontraban en la Isla.
«La abogada y sus acompañantes temen por su seguridad, libertad e integridad personal, debido a que van custodiados por agentes policiales», denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más.
La organización expresó su «repudio» ante el acto arbitrario en perjuicio de los derechos y libertades de la defensora, y demandó el cese de la persecución. «El Colectivo recuerda al Estado de Nicaragua que la defensora tiene a su favor medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que está incumpliendo una vez más su obligación internacional de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos», denunció la organización.
Meses antes, el opositor Róger Reyes también denunció hostigamiento y asedio policial cuando, a inicios de año, anunció una campaña de recolección de ayuda en favor del exreo político. Aunque el campesino ha logrado recibir cierta ayuda humanitaria, la Policía intenta impedir que la colaboración continúe.
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El campesino Justo Rodríguez, de 68 años, fue detenido en abril de 2020 al ser involucrado en un altercado ocurrido cerca de un parque, cuando oficiales agredieron a varias personas que se encontraban conmemorando dos años de la rebelión de 2018. En agosto de ese año, unos cuatro meses después de estar en la cárcel, fue llevado de emergencia al hospital Lenín Fonseca en Managua, tras sufrir un derrame cerebral, donde permaneció cuatro meses.
Regresó a su vivienda el 21 de diciembre de 2020, bajo la figura de convivencia familiar. «Solo los huesitos pelados de las costillas me entregaron», refirió en ese entonces, la hermana Esmérita Rodríguez, en entrevista con Artículo 66.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó «los tratos crueles e inhumanos» que sufrió el expreso político, e instó al régimen de Daniel Ortega «a respetar la dignidad humana y liberar a todos los presos políticos».
