La violencia letal ha registrado un considerable incremento en Nicaragua a partir del 2018, sobre todo alentada por los discursos de odio que se propagan desde el Gobierno, la desatención de la Policía y por la gran cantidad de armas de guerra que circulan en manos de civiles que fueron armados en calidad de paramilitares durante las protestas iniciadas hace tres año, según revela el ultimo estudio sobre violencia y seguridad ciudadana en Nicaragua durante el 2020, documentado por el Monitoreo Azul y Blanco.
Los resultados del estudio fueron presentados por la investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra y revelan que «entre enero y diciembre de 2020, se identificaron 264 casos de asesinatos en diferentes lugares de Nicaragua, con un total de 291 víctimas, de las cuales 244 eran hombres (83.8%); 46 eran mujeres (15.8 %) y una persona identificada como parte de la diversidad sexual (0.3 %). Comparando esta información con el mismo período del 2019, cuando ocurrieron 141 casos, hay una diferencia de 123 casos; lo cual significa un incremento del 87.2 %».
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Asimismo, agregan que, en el transcurso del 2020, el gobierno presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantuvo la política de represión y el estado de excepción de facto que ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense desde el 2018.
«Eso ha significado un cambio importante en el escenario de la seguridad en Nicaragua, en el cual, la amenaza principal proviene de la violencia política estatal. A su vez, esta violencia política se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia e inseguridad vinculadas con la delincuencia y criminalidad común, así como el crimen organizado», agrega el informe conclusivo.
El estudio de seguridad identificó varias causas que han provocado el incremento de la violencia y entre ellos destaca que influyen al menos cinco factores de riesgo, «a) los discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el gobierno; b) la actuación de la policía que dedica sus recursos a las acciones de represión especialmente en contra de líderes de localidades y nacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y la ciudadanía en general; c) la existencia de los grupos paramilitares y la impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la policía; d) la disponibilidad de armas de fuego en manos de la policía y de los grupos paramilitares; y e) los indultos otorgados por el gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes. Otros factores que también influyen en los hechos y las percepciones de inseguridad son la crisis económica que afecta al país, los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19 y en el caso de las regiones de la Costa Caribe, el efecto de los dos huracanes que asolaron a esas regiones en noviembre de 2020».
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Los meses en los que se presentaron más casos fueron diciembre con 32 (12.1%); septiembre con 31 (11.7 %) y enero con 27 (10.2 %). Otros meses con alta incidencia fueron octubre, agosto y noviembre. El promedio de asesinatos por mes fue de 22 a diferencia de 2019 cuando fue de 20.6.
En 219 hechos de violencia hubo una sola víctima; sin embargo, en 45 casos hubo entre 2 y 4 víctimas. En cuanto a la edad de las víctimas, la mayoría de ellas son jóvenes y adultos jóvenes (56.8%); es decir, personas entre los 21 y 40 años.
Un dato que llama la atención, segun la experta en temas de seguridad, es que la cantidad de menores y adolescentes asesinados es alta, pues representan el 17.4 % de todas las víctimas; un porcentaje que se incrementó en 10 puntos porcentuales respecto al 2019. También es significativo el porcentaje de víctimas entre los 41 y 50 años (15.5 %).
Asimismo, el estudio revela que en ese periodo del 2020 se identificó que 22 de las víctimas tenían alguna vinculación política, lo que representa un 7.5 %, con partidos políticos, organizaciones del movimiento cívico, organizaciones religiosas o de otra índole, por lo que se presume que sus asesinatos también están relacionados con razones políticas. Este porcentaje disminuyó respecto al año anterior cuando alcanzó el 19 % de los casos.
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En 205 casos (77.7 %) se logró identificar el sexo de las personas que cometieron los asesinatos; de ellos, el 75 % fueron cometidos por hombres y el 2.7 % fueron cometidos por mujeres. En el 22.3 % de los casos no se logró determinar alguna identidad de los perpetradores.
Más de la mitad (55 %) de los asesinatos fueron cometidos por una persona, pero el 24% fueron cometidos por dos o más personas, un dato preocupante. Solamente en el 3.8% de los perpetradores se identificó algún tipo de vinculación política, y de esos, la mayoría fueron identificados como paramilitares y policías.
En cuanto a los niveles de violencia empleados en los actos criminales, durante este período se mantuvieron altos de manera que independientemente del tipo de arma utilizada, las víctimas recibieron múltiples disparos o múltiples heridas (63.1 %), una tendencia que permanece desde el 2019. Otro dato relevante es que más del 40 por ciento de los crímenes fueron ejecutados con armas de guerra y el 37 por ciento por otro tipo de armas de fuego.
