El dirigente del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, se presentó a la oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para hacer denunciar públicamente su reciente detención ilegal por parte de policías del régimen de Daniel Ortega. El campesino declaró que la Policía lo detuvo cuando se dirigía hacia una reunión con su equipo de trabajo. Lo retuvieron en la Estación Cinco en Managua, donde recibió amenazas de muerte de parte del comisionado identificado como Vladimir Cerna.
«Nos llevaron a la Estación V de la Policía, y ahí, otra vez, el mismo (comisionado) Vladimir Cerna llegó a amenazarme. Me dijo que agradezca, yo no sé a quién le voy a agradecer, pero me dijo que agradezca que no tienen una orientación diferente todavía, sino no ya estuviera aquí», relató Mairena.
Medardo Mairena hizo la denuncia, mientras afuera de las instalaciones de la CPDH, oficiales del régimen lo acosaban, tomándole fotos y siguiéndolo en patrulla cuando este se retiró del lugar.
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El acoso policial también se realizó contra el aspirante a la Presidencia de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro, quien fue rodeado por varios agentes cuando este se encontraba en un centro comercial de Managua. Ahí, los oficiales de la Policía del régimen lo fotografiaron y siguieron a pocos metros de distancia, durante todo su recorrido por el lugar, mientras el opositor brindaba entrevistas a medios de comunicación.
«¿Es normal dar una entrevista y ser seguido por los oficiales?», preguntó Artículo 66, a lo que Chamorro contestó «eso te pregunto a vos, cuántas veces se dan entrevista de este tipo. Esta es parte de la intimidación que tratan de hacer estos tipos y no deberia de generar ningún tipo de resquemor».
La Alianza Ciudadana convocó a los aspirantes presidenciales a inscribirse en el proceso de selección del candidato oficial de la casilla 15. «Anunciamos que se ha aprobado el procedimiento de inscripción de precandidatos(as) presidenciales para elegir conforme una metodología amplia y participativa al candidato(a) que derrotará cívicamente a la dictadura en elecciones libres, iniciando proceso de inscripción el próximo martes 16 de marzo del 2021», dio a conocer la Alianza Ciudadana, en un comunicado.
El único que ha confirmado su participación en el proceso es Arturo Cruz Sequeira, exdiplomático del régimen de Daniel Ortega, quien rechazó firmar el documento de unidad que han suscrito siete líderes y aspirantes a la Presidencia.
Según Cruz, «en ese proceso, todo el pueblo va a tener la oportunidad de incidir y decidir alrededor de qué proyecto político es capaz de generar la unión de los nicaragüenses para ganar, previo reformas electorales, las elecciones el 7 de noviembre».
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Juan Sebastián Chamorro quien, hasta ese momento, se perfilaba como el candidato de la casilla electoral 15, aún no confirma su participación en el proceso. El político oficializó su candidatura a la Presidencia de Nicaragua el 27 de febrero sin decir en qué partido correría. Tampoco Cristiana Chamorro Barrios quien manifestó que «no tiene prisa» en buscar una casilla electoral y por el momento, seguirá consolidando su candidatura «independiente» hasta que se logre la unidad, las reformas electorales y se anuncie el calendario electoral.
El líder costeño George Henríquez Cayasso, de 35 años, y aspirante a la Presidencia de Nicaragua, firmó el documento «Unidad Nicaragua Primero» en el que se compromete a apoyar al candidato o candidata único de la oposición que resulte electo en unas eventuales primarias.
La Comisión de Buena Voluntad comunicó que el dirigente de la Costa Caribe respondió a la invitación de buscar un solo candidato y una sola casilla opositora de cara a las elecciones generales en noviembre. De esta manera, ya son siete los líderes de la oposición que han suscrito el acuerdo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará el impacto de la colonización de las tierras indígenas en la Costa Caribe nicaragüense, en una audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil.
La CIDH denunció que, solo en el 2020, al menos 13 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinadas en el país, ocho personas resultaron heridas, dos secuestradas y una comunidad fue desplazada forzosamente en los territorios indígenas de la Reserva de la Biósfera de Bosawás, como parte de la violenta colonización de la región.
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En la audiencia se presentará la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización, así como la complicidad del régimen de Daniel Ortega y actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal.
