El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) prometió continuar «defendiendo y promoviendo los derechos humanos» pese a que la dictadura Ortega-Murillo le haya robado dos edificios donde trabajaban y donde, esta semana, inauguraron dependencias del Ministerio de Salud (Minsa).
Este vienes, 26 de febrero, el régimen, por medio del Minsa, inauguró en el Distrito III de Managua una casa materna que bautizó con el nombre de Zoila Aurora Galeano, en las oficinas que fueron ocupadas y robadas por el régimen al Cenidh. Tres días antes, abrieron en las oficinas del Cenidh en Juigalpa, Chontales, un centro de salud.
Noticia relacionada: CIDH da tres meses a Nicaragua para que informe sobre acciones represivas contra el Cenidh
En diciembre de 2018, policías enviados por los Ortega-Murillo tomaron por asalto las oficinas de varios Organismos No Gubernamentales, entre ellas, las del Cenidh y desde entonces las mantuvieron ocupadas ilegalmente hasta que fueron de facto confiscadas cuando se las entregaron al Minsa que, por órdenes del Gobierno, ahora inaugura dependencias sanitarias para disfrazar el robo, tal como han hecho con los edificios confiscados arbitrariamente a los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana, además de las ONG del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y el Instituto de Liderazgo de las Segovia (ILLS) cuyo edificio fue traspasado a la UNAN-Managua.
En un comunicado dado a conocer por la organización defesora, su presidenta Vilma Núñez de Escorcia advirtió que «la historia no va a perdonarlos (a los dictadores Ortega y Murillo), es un hecho, y un día cercano, junto a sus cómplices, tendrán que rendir cuentas ante la justicia y ahí estará toda Nicaragua, contando, uno a uno, sus crímenes».
Además, a través de Twitter, el Cenidh le recuerda al régimen que por más de 30 años esa organización ha promovido y defendido los derechos humanos de los nicaragüenses y continuará haciéndolo «aunque el régimen ORMU pretenda destruirlos».
La doctora Vilma Núñez de Escorcia es una de las activistas defensoras de derechos humanos más frontales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue contundente al denunciar la permanente represión en el país a manos de la dictadura y mencionó el robo de las propiedades de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, así como de las organizaciones de la sociedad civil, a través Minsa.

«A las nueve organizaciones que se les canceló su personería jurídica y sus bienes, hoy sus instalaciones son destrozadas y ocupadas por el Ministerio de Salud continuando la destrucción y saqueo de sus bienes como el CENIDH en Juigalpa y su sede central en Managua y las empresas periodísticas Confidencial y 100% Noticias», denunció ante Naciones Unidas la presidenta del CENIDH.
Noticia relacionada: Carlos Fernando Chamorro: «La dictadura ha erigido un monumento al crimen a la libertad de prensa»
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, condenó la confiscación de facto contra las oficinas del CENIDH y de todos los organismos y medios de comunicación sobre los que la dictadura ha echado mano.
«El encierre, robo de las instalaciones, del mobiliario, del acervo documental de Cenidh -organización histórica de DDHH- es el símbolo perfecto de la farsa del régimen autoritario en Nicaragua: es la acción desesperada típica de una dictadura arrinconada», condenó Abrāo.
En diciembre de 2018, la dictadura Ortega-Murillo, en un acto de venganza típica de los regímenes totalitarios, ordenó a sus diputados en la Asamblea Nacional cancelarles la personalidad Jurídica a ONG y a los acusó de apoyar o promover las protestas sociales de ese año que fueron tildadas de «intento de golpe de estado».
Los organismos intervenidos militarmente fueron, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na; el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la organización ambientalista Fundación del Río, el Instituto de Liderazgo de las Segovia (ILLS), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia. A todos ellos les fueron confiscados sus bienes.