El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, aseguró en un artículo de opinión publicado en el diario la Prensa este martes dos de febrero que las reformas a la Ley 842, «Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias» en realidad tiene un objetivo político porque amplía el control estatal y constituye una «amenaza sobre todos los consumidores y usuarios, dependiendo del actuar político del gobierno con relación a las decisiones que pretenda imponer a los bancos en su relación con el sistema financiero internacional».
En su escrito, Aguerri dice que «el dictamen de la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, estableció como objetivo de la reforma “garantizar una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios, al ser estos un derecho humano reconocido por el Estado de Nicaragua, con lo cual se daría cumplimiento a los preceptos constitucionales sobre la plena protección, salvaguarda, defensa y tutela de los derechos fundamentales por el Estado”».
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Sin embargo, a juicio del expresidente del Cosep, la reforma, «lejos de lograr el objetivo planteado en el papel, va en dirección contraria al mismo», pues «la reforma aprobada amenaza que el resultado sea, no una mejor y mayor protección a favor de los derechos de los consumidores, sino en todo lo contrario, es decir, en una deteriorada y reducida protección de estos».
Aguerri considera que como resultado concreto de dicha reforma, «Nicaragua se convierte en un caso muy especial si no único a nivel mundial al adquirir, por un lado el Estado la categoría de consumidor y al cambiar por el otro lado la potestad de los bancos, conforme la recomendación 10 del GAFI y su nota interpretativa, de tener políticas internas con un enfoque basado en riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y trasladar la misma al Estado».
Entre las primeras consecuencias advertidas por el empresario, se cuentan en la violación al derecho constitucional de libre empresa consignado en el artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua. Además, que las reformas pasan por encima de una serie de leyes existentes, incumple con lo establecido por algunos instrumentos internacionales firmados por el Estado de Nicaragua.
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En el mismo sentido, Aguerri critica que el Estado se convierte en consumidor y al mismo tiempo un usuario privilegiado y eso le da aún más control político sobre los ciudadanos y las empresas pues controla todos los poderes estatales. «Ejecutivo lo que hará prevalecer es el criterio político a su conveniencia, lo que va a generar más inseguridad jurídica para todos los que no somos Estado ni partido».
Por ello es lamentable, por ejemplo, que con esta reforma se pretende anular de hecho la utilización de los métodos alternos de solución de controversias para dirimir disputas entre personas naturales y jurídicas, en igualdad de condiciones ante la ley, incluyendo las disputas con el Estado tal como lo incorporan una serie de leyes aprobadas en los últimos años. Se pierden los contrapesos.
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En este caso, los esfuerzos realizados desde la gremialidad a partir del año 2005 para darle mayor certidumbre jurídica a los consumidores, inversionistas y personas jurídicas ahora quedan seriamente debilitados, lo que sumado a la falta de solución de la crisis política nos mantendrá siendo un país poco atractivo para la inversión.
El exdirigente de la cúpula empresarial también lamenta que ahora el Estado tendrá intromisión en entidades a las que hasta ahora se les había respetado en cierta medida su criterio técnico como en el caso del Banco Central.
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«Con esta reforma se entrometen en las funciones del Banco Central al hacerlo receptor de reclamos de consumidores (remesas), lo que no está contemplado en su ley orgánica. De hecho, esta reforma provoca una serie de contradicciones con una serie de leyes vigentes, lo que en un país con independencia de poderes resultaría consecuentemente en las necesarias reformas de estas», analizó el empresario.
«Esto, sin embargo, nos abriría a otra caja de Pandora por lo ya explicado y por el tipo de leyes que se han estado aprobando desde el segundo semestre del año pasado, en donde se han venido cerrando los espacios a todos los nicaragüenses», finaliza José Adán Aguerri, uno de los artífices de la llamada estrategia de «diálogo y consenso» que mantuvo unidos a los empresarios y al Gobierno de Daniel Ortega hasta el 2018 cuando rompieron ese nexo ante la reacción represiva gubernamental contra las protestas populares que reclamaban apertura política y democracia.