El gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó el 16 de de febrero una protesta frente a la reciente Ley Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense, aprobada el 28 de enero de 2021 por la aplanadora de diputados orteguistas ante la Asamblea Nacional.
«Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)», detalla parte de la nota de prensa de la Cancillería colombiana.
La administración de Iván Duque resalta que el Gobierno de Daniel Ortega creó esta nueva ley como «pretexto» de una medida de protección ambiental «y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio».
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Colombia además criticó enérgicamente que «la declaratoria (nueva ley) representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente…».
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró en su nota de prensa que la Ley de Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense es una medida interna de Nicaragua y «que no es oponible a terceros Estados como Colombia».
En el artículo uno de la declaratoria de Reserva de Biosfera)de la Ley 1059 ordena que declare Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense, un área total de 4,415,700 hectáreas (44,157 km2), ubicada en el mar territorial y en la zona económica exclusiva.
Conflictos eternos
Esta nueva queja se suma al litigio entre los dos países, luego de estar en discusiones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acerca de la plataforma continental. El alto tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 2012 los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, donde el fallo fue inclinado para el gobierno nicaragüenses.
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La Cancillería de Colombia recalcó que «ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias».
