El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con una agresiva campaña entre los niños escolares en un intento por lavarle la cara a la desprestigiada Policía que es vista como el brazo represivo al servicio de la dictadura, y para ello están distribuyendo cuadernos escolares con fotos de policías en supuestas actividades humanitarias y religiosas.
Padres que han preferido no ser identificados por sus nombres por temor a represalias debido a que sus hijos estudian en colegios públicos denunciaron que el Gobierno continúa con su «irrespetuosa campaña de adoctrinamiento político» a los estudiantes de los colegios públicos y han incluido en ese proceso la distribución de cuadernos con imágenes que tratan de mostrar a una Policía «bonachona y amistosa, cuando en realidad se trata de un brazo represivo, acusado de violaciones graves a los derechos humanos, de torturas, abusos sexuales, desapariciones, una de las peores policías de la región», dijo una madre de familia que tiene un hijo en un centro capitalino.
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Los efectivos policiales aparecen en actividades comunitarias, de rescate durante desastres o en actividades de intercambio con niños. El Gobierno también ha distribuido entre escolares hijos de policías, mochilas con el lema: «Orgullosamente hijo de un policía».
Para la experta en temas de transparencia y corrupción Martha Patricia Molina, esa campaña pretende «lavarle la cara» a la Policía y es ofensiva e irrespetuosa a la dignidad de los menores.
«La Policía Nacional de Nicaragua es una institución desprestigiada, sin credibilidad, y que por su actitud de vulneración de derechos a niños, jóvenes y ancianos genera miedo a nivel interno y en el plano mundial, es una institución sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quien la ubicó en la lista negra de organizaciones criminales internacionales a nivel mundial. Es la segunda institución policial sancionada en el mundo. Difícilmente un cuaderno con una imagen de un policía que aparenta ser un ángel borrará de la mente de un niño la sangre, golpes y abusos que han visto (contra sus familiares, vecinos o amigos) o que han sufrido en carne propia», sentenció la abogada, integrante del Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción.
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Molina recordó el hecho que se volvió viral en Nicaragua en el 2018, a través de las redes sociales, donde se ve en un vídeo a un grupo de alumnos de la Escuela Pública República de Argentina, de la capital, que reclamaron porque la Policía invadió el colegio y se llevó esposados a varios adolescentes, acusándolos de haber participado en las protestas sociales. Una menor, que no pasaba de los 15 años, confrontó a un uniformado a quien le lanzó una piedra, el efectivo no dudó en desenfundar su pistola y apuntar a la niña.
La Policía Nacional, como institución, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos por considerar que hay evidencias suficientes para señalar a esa institución policial de «ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua», además que señalan a la institución de ser utilizada como «una herramienta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense».
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Estados Unidos también aplicó sanciones individuales contra el propio director general de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz, quien además es consuegro del dictador Daniel Ortega; contra el subdirector general, comisionado general Ramón Avellán y contra cinco comisionados más, todos con altos cargos dentro de la institución y altas responsabilidades en la represión en la que también han perdido la vida, han sido arrestado y torturado menores de edad, según recordó la abogada Molina.
