La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) anunció el cierre total de sus actividades para no someterse a la aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, por considerarla una imposición de la dictadura y una ley inconstitucional, violatoria de todo principio de libertad de organización.
La exdirectora ejecutiva y fundadora de la organización, Cristiana Chamorro, expresó que no están dispuestos a aceptar ser vistos como agentes extranjeros dentro del país». La decisión será comunicada al Ministerio de Gobernación.
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Tras cumplirse el plazo establecido por el Ministerio de Gobernación (Migob) donde obliga a organizaciones que reciben fondos de entidades internacionales a inscribirse como agentes extranjeros, el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) informó que realizará sus labores «usando exclusivamente donaciones de personas nacionales».
La organización expresó que cuentan con 15 mil dólares, cantidad que considera suficientes para «acometer la tarea de observación (electoral) bajo las actuales condiciones». Igualmente, aseguró que ya no aceptará cooperación financiera internacional para no someterse a las leyes arbitrarias impuestas por el orteguismo, mismas que recalcan «atentan contra el desarrollo económico del país».
El régimen de Daniel Ortega amenaza con multas de hasta 500 mil dólares a quien continúe operando con apoyo internacional sin rendirles cuenta a la administración de turno.
Este cinco de febrero entró en vigencia la reforma a la Ley 406, Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua, para mantener detenido a cualquier ciudadano hasta por 90 días, mientras es investigado.
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La reforma establece que las autoridades presentarán a la persona detenida ante el juez dentro de las 48 horas después de su detención y que a petición del Ministerio Público se celebrará una «audiencia especial de tutela de garantías constitucionales» para la ampliación de la investigación, la que no podrá ser menor de 15 días ni mayor de 90.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la reforma al Código Procesal Penal (CPP) que impulsó el régimen de Daniel Ortega podría ser usada para seguir criminalizando a las personas disidentes al gobierno.
La entidad afirmó que esta ley se aprobó sin debate amplio, participativo y en muy breve tiempo. La Comisión llamó a las autoridades administrativas y judiciales a no usar la nueva normativa como estrategia de represión.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua hizo un llamado al pueblo y oposición nicaragüense a crear las condiciones que garanticen elecciones justas, libres y transparentes para dar respuesta a la crisis política, social y económica que atraviesa el país.
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Los obispos resaltan que es necesario retomar la invitación de los miembros del Episcopado, quienes han solicitado dar inicio a una «profunda» reforma del sistema electoral, que incluye cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) por «nuevos y honorables miembros al frente» que garanticen un proceso abierto irrestrictamente a observadores nacionales y extranjeros.
