Con 74 votos a favor, 14 en contra y una abstención, la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, con la que obligará al sistema financiero de Nicaragua a reabrir las cuentas bancarias a funcionarios, operadores orteguistas e instituciones del Estado que han sido sancionados por Estados Unidos, señalados de ser cómplices de crímenes de lesa humanidad contra opositores.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó la reforma a la Ley del Consumidor, por considerar que esta incitaría al lavado de dinero y a sufrir penalidades por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Noticia relacionada: Dictadura de Ortega reforma Ley de Consumidor para «resucitar» financieramente a sancionados
Los empresarios afirman que esa aprobación tendrá graves e inmediatas consecuencias para la economía del país, por cuanto conllevaría en otros efectos negativos, el cierre de las cuentas de corresponsalías bancarias, la posibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos.
El presidente del Cosep, Michael Healy, dijo que se está poniendo en una difícil situación a los nicaragüenses y que es la peor crisis que se ha tenido en el sistema financiero en los últimos 30 años.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) criticó la reforma del Código Procesal Penal aprobada por la Asamblea Nacional, con la que el gobierno de Daniel Ortega permite a la Policía mantener tras las rejas sin pruebas a cualquier persona por 90 días, bajo «proceso investigativo».
La ONU expresó que la reforma del Código Procesal Penal es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Además, señaló que atenta contra la presunción de inocencia y «permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener».
Noticia relacionada: ONU ofrece asesoría para revisar reforma que pretende encarcelar por 90 días sin pruebas
El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que el Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik V para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
La vacuna rusa ha sido registrada en Nicaragua bajo la autorización para uso de emergencia sin ensayos clínicos. Sin dar mayores detalles, el RDIF indica que la vacuna tiene un precio de menos de 10 dólares por inyección, «lo que la hace asequible para todo el mundo».
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que la vacuna AstraZeneca no se está entregando a los países miembros del mecanismo COVAX, porque están pendientes las últimas revisiones. Sin embargo la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que de esa farmacéutica vendrán 504 mil dosis a la nación.
El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, indicó que el fondo rotatorio de vacunas, la OPS y Unicef, «solo adquieren vacunas que están precalificadas o por la autorización de uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud».
