Integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia presentaron este viernes, 29 de enero ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales. Esta organización se suma a casi media docena de entidades que desde inicios de enero han rechazado la imposición del régimen orteguista, que amenaza con privatizar el servicio.
También se presentó un grupo de ambientalistas de Las Segovias para sumarse al rechazo a los cambios en la normativa. A la vez, se pronunciaron contra los decretos que suspenden la veda para el pino, cedro real y pochote.
En una nota de prensa publicada por la Articulación y la Coordinadora, afirman que con la Ley 1046, ley a la reforma número 620, Ley General de Aguas Nacionales, la Asamblea Nacional, gobernada por diputados sandinistas, «desarticuló en dos horas las conquistas sociales en 20 años de lucha por la población y organizaciones de consumidores».
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Las activistas señalan que la reforma «mutila el importante componente de la participación ciudadana y sustrae al marco jurídico del agua el eje transversal de la protección ambiental y conservación de los recursos hídricos».
Otro señalamiento que hizo la agrupación es que la dictadura incorpora un enfoque empresarial que favorece la inserción de agentes económicos privados, «diseñando un confuso modelo administrativo, altamente centralizado de la gestión del agua que además suprime algunas competencias al Marena (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales), a gobiernos municipales y a la propia ANA (Autoridad Nacional del Agua).
Otros recursos interpuestos
El 20 de enero, integrantes del Movimiento autodenominado «Picos Rojos» interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad a la reforma a la Ley General de Aguas, que según denuncia de organizaciones ambientalistas, tiene como objetivo privatizar el recurso hídrico en Nicaragua.
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En entrevista con Artículo 66, Mirna Moncada, miembro de «Picos Rojos», declaró que el motivo del recurso a Ley 1046, Ley de reforma a la Ley General de Aguas, se debe a que «la reforma actual es totalmente inconsulta y viola por lo menos seis artículos de la Constitución (Política de Nicaragua) que tiene que ver con la participación ciudadana en la gestión del agua y la preservación de los bosques. Toda Nicaragua sabe y está claro que la desforestación avanza en el país y a medida que la desforestación avanza, el recurso del agua se hace más escaso».
«La reforma de esta ley coincide con dos elementos que son llamativos: el primero es la cotización del agua en las bolsa de valores en Nueva York, es decir, que estamos viendo que el agua se está escaseando y este bien se va a comercializar y nosotros acá en Nicaragua tenemos buena reserva de agua y es obvio que vendrán empresas que nos van a meter los precios que se les dé la gana y no van a garantizar que el agua se conserve», puntualizó Mirna Moncada.
Antes de estas dos últimas comparecencias, la abogada Martha Patricia Molina también interpuso el jueves, 14 de enero, otro recurso contra la Ley de Aguas alegando que se están violando al menos ocho artículos de la Carta Magna de Nicaragua.
«La Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Justicia Constitucional faculta a los ciudadanos a interponer el recurso de inconstitucionalidad como mecanismo de control, que tiene por objeto el control de una ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución Política y es por eso que haciendo uso de mis derechos y obligaciones ciudadanas, presenté junto a dos ciudadanos más, un recurso por inconstitucionalidad de la Ley número 1046, Ley de Reforma a la 620, Ley General de Aguas Nacionales», indicó la defensora.
