La Ley 1046, Ley de reforma a la Ley General de Aguas, con la que, según organizaciones ambientalistas, el régimen de Daniel Ortega se lazó a la privatización de todo el recurso hídrico nicaragüense, fue recurrida por inconstitucionalidad por quinta vez. La abogada Martha Patricia Molina interpuso el jueves 14 de enero, el recurso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alegando que se están violando al menos ocho artículos de la Carta Magna de Nicaragua.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
«La Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Justicia Constitucional faculta a los ciudadanos a interponer el recurso de inconstitucionalidad como mecanismo de control, que tiene por objeto el control de una ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución Política y es por eso que haciendo uso de mis derechos y obligaciones ciudadanas, presenté junto a dos ciudadanos más, un recurso por inconstitucionalidad de la Ley número 1046, Ley de Reforma a la 620, Ley General de Aguas Nacionales», indicó la abogada Molina.
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Molina, que es experta en temas de transparencia y anticorrupción, explicó que la reforma a la Ley General de Aguas que aprobaron los diputados sandinistas el pasado 12 de noviembre, «reformó 59 artículos y derogó otros 16. Al menos ocho artículos son inconstitucionales. La reforma mutila por completo el tema de participación ciudadana e incorpora un enfoque empresarial. Deja a merced de una mega burocracia a los usuarios. En dos horas de trabajo parlamentario mutilaron 20 años de trabajo ciudadano y de organizaciones que reclamaban la protección del vital líquido».
Asimismo, la ciudadana recurrente advierte que la reforma derriba el tema de la conservación de las fuentes hídricas derogando delitos contra los recursos hídricos y abandonando a su suerte al lago Cocibolca y Xolotlán.
Molina asegura que cuando una ley lesiona los derechos de los ciudadanos, es una obligación recurrir contra esa ley y por ello hizo un llamado a la población a conocer la reforma a la Ley general de Agua y enterarse que lesiona los derechos de la ciudadanía .
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«Interpuse el recurso como obligación ciudadana, pero no creo que el Sistema Judicial le dé el trámite que se merece. Conozco varias iniciativas que han realizado el mismo ejercicio jurídico (recurrir por inconstitucionalidad) y hago un llamado a toda la ciudadanía a que se sume y establezcamos precedentes porque el agua no es un tema que solo compete a los ambientalistas sino que toda la sociedad debe estar involucrada«, dijo la abogada.
Y finalizó advirtiendo que «luego no nos quejemos de una inminente privatización o cuando nos quedemos sin agua potable. Las acciones deben ser ya y contundentes. Hagamos que la cúpula presidencial respete el articulo 102 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que los recursos naturales son patrimonio nacional».
La nueva Ley General de Aguas Nacionales ha sido muy cuestionada porque, según expertos en temas de medio ambiente, desprotege los recursos hídricos del país y convierte el agua en un negocio. El pasado ocho de enero, la experta en temas de recursos hídricos, Ruth Selma Herrera junto a las ciudadanas, Alina Aburto Herrera y Fátima Herenia Amaya fueron las primeras en interponer un recurso en contra de la Ley 1046. Igual recurso interpuso seguidamente el economista Cirilo Otero y otros ciudadanos.
