Mirna Moncada, Rosa Berheim, Violeta Granera y Marlen Chow, integrantes del Movimiento autodenominado «Picos Rojos», interpusieron este miércoles, 20 de enero, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad a la reforma a la Ley General de Aguas, que según denuncia de organizaciones ambientalistas, tiene como objetivo privatizar el recurso hídrico en Nicaragua.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
Mirna Moncada, miembro de «Picos Rojos», declaró a Artículo 66 que el motivo del recurso a Ley 1046, Ley de reforma a la Ley General de Aguas, se debe a que «la reforma actual es totalmente inconsulta y viola por lo menos seis artículos de la Constitución (Política de Nicaragua) que tiene que ver con la participación ciudadana en la gestión del agua y la preservación de los bosques. Toda Nicaragua sabe y está claro que la desforestación avanza en el país y a medida que la desforestación avanza, el recurso del agua se hace más escaso».
«Reforma con segundas intenciones»
También denunciaron que la reforma apunta a quitar los incentivos para la conservación de los bosques y de las aguas. «Ya sabemos que el agua es vital para Nicaragua, pero esta ley reformada quiere pasarle la administración del agua a empresas privadas».
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«La reforma de esta ley coincide con dos elementos que son llamativos: el primero es la cotización del agua en las bolsa de valores en Nueva York, es decir, que estamos viendo que el agua se está escaseando y este bien se va a comercializar y nosotros acá en Nicaragua tenemos buena reserva de agua y es obvio que vendrán empresas que nos van a meter los precios que se les dé la gana y no van a garantizar que el agua se conserve», puntualizó Mirna Moncada.
Además, añadió que otras acciones «llamativas» son la reciente reunión entre el embajador de la nación de Israel con representantes de la Empresa de Acueductos y Alcantarilladlos (Enacal). «Sabemos que Israel es uno de los mercados de agua más grandes del mundo. Estas acciones coinciden con esta reforma que se encamina a privatizar el recurso del agua…».
Según Moncada, pese a que las instituciones públicas están al servicio de la dictadura, se está asentando un precedente legal, «porque es nuestro derecho de oponernos a las leyes injustas. Además, esto es una visualización internacional de que la sociedad civil está defendido los recursos naturales que son vitales para la Nicaragua actual y la Nicaragua futura».
Asedio policial
La opositora Violeta Granera, miembro la Unidad Nacional Azul Y Blanco, reprochó el fuerte despliegue policial de la dictadura, mientras esperaban ser atendidas en la Corte Suprema de Justicia. «Estamos en el solazo y ahora asedias por la Policía y antimotines sin ninguna razón».
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La queja de las opositoras fue sustentada por fotografías que tomaron al momento que los agentes de la dictadura estaban en las afueras de la CSJ. «Cinco patrullas y antimotines están asediándonos. Esto es inaudito, enviar un batallón para cuatro mujeres», lamentó Granera.
Este es el segundo recursos que el Movimiento «Picos Rojos interpone el Corte Suprema de Justicia, el primero fue contra la nueva Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Antes de esta comparecencia, la abogada Martha Patricia Molina también interpuso el jueves, 14 de enero, otro recurso contra la Ley de Aguas alegando que se están violando al menos ocho artículos de la Carta Magna de Nicaragua.
«La Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Justicia Constitucional faculta a los ciudadanos a interponer el recurso de inconstitucionalidad como mecanismo de control, que tiene por objeto el control de una ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución Política y es por eso que haciendo uso de mis derechos y obligaciones ciudadanas, presenté junto a dos ciudadanos más, un recurso por inconstitucionalidad de la Ley número 1046, Ley de Reforma a la 620, Ley General de Aguas Nacionales», indicó la defensora.
