Estas son las noticias más importantes del 25 de enero de 2021

El régimen de Daniel Ortega mandó a publicar en La Gaceta su reforma al Código Penal y la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, con lo cual entró en vigencia en Nicaragua la instauración de la «prisión perpetua revisable», conocida como cadena perpetua, en «crímenes de odio».

La aplanadora orteguista afirma que la pena se aplicará en delitos graves de parricidio, asesinato agravado y femicidio con el agravante de «odio». La iniciativa fue presentada en un acelerado proceso para enviar tras las rejas a quienes cometan «crímenes de odio», por lo cual se reformó la Constitución Política de la República en su artículo 37 en dos legislaturas. 

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María Haydée Osuna, la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) reconocida por el Consejo Supremo Electoral (CSE) dominado por el régimen de Daniel Ortega, descabezó a cuatro diputados más de la facción de Arnoldo Alemán, a quienes tildó de «conspiradores».

En la lista de la «nueva limpieza» se encuentran: Jamileth Bonilla, diputada ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Martha McCoy, diputada suplente ante la Asamblea Nacional, y Paul González y Melva Martínez. Asimismo, se solicitó que se retire de la afiliación del partido a Silvio Américo Calderón, quien fungía como asesor jurídico.

La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, continuó con su discurso en contra de la oposición del país, a quienes siguió culpando por las protestas originadas en abril de 2018, situación a la que le achaca la pobreza que prevalece en la nación. La vocera de la dictadura de Ortega insiste en que sus adversarios, a los que llamó «seres destructivos», promueven un «odio inhabilitante, discapacitante, desgraciadamente criminal, destructor, que nos atrasó y nos atrasa tanto», pero calla sobre las acciones de división a las que insta su administración y la represión dirigida por el Estado. 

El periodista Jacksell Herrera, corresponsal en Jinotega del medio digital Nicaragua Actual, denunció que el 24 de enero oficiales de la Policía le impidieron realizar su labor cuando él grababa la detención ilegal de dos ciudadanos que se desplazaban en una motocicleta. A Herrera lo obligaron a borrar el material que había filmado, lo esposaron y amenazaron con trasladarlo a la delegación de Santa María de Pantasma. Además, le argumentaron que ya no hay ley que ampare a los periodistas para andar grabando, porque luego lo publican en redes sociales y medios de comunicación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la agresión e hizo un llamado a detener la persecución contra el gremio periodístico.